El combate a los delitos en espacios acuáticos se fortalece con fiscales y peritos especializados

Equipo de la Fiscalía y Armada ecuatoriana durante un taller de trabajo en Santa Cruz,  Galápagos, realizado el 23 de enero de 2017.

Quito, 28 de enero de 2017.- Operativos en altamar, coordinación con otras instituciones y capacitaciones especializadas a fiscales son algunas de las acciones impulsadas por la administración de Galo Chiriboga Zambrano, fiscal General del Estado, para combatir los delitos en espacios marítimos.

Es así que la institución cuenta con Fiscalías Especializadas en Delitos Acuáticos en las provincias de El Oro, Manabí, Guayas, Santa Elena y Esmeraldas. Solo en esta última, hasta diciembre de 2016, se han obtenido 24 sentencias condenatorias, incautado 6.506 kilos de droga, además de 319 operaciones navales y la detención de 22 personas.

Adicionalmente, y como parte de una política institucional dirigida a la formación integral de los funcionarios, la Escuela de Fiscales ha realizado capacitaciones dirigidas a fiscales especializados en espacios acuáticos, personal de la Armada del Ecuador y del Ministerio del Ambiente. 

Para Teodoro Barros, director de la Escuela de Fiscales, este proceso de capacitación es fundamental para abordar temas como la normativa relacionada con los espacios acuáticos, instrumentos internacionales sobre Derechos del Mar, intervención en casos de flagrancia, peritajes integrales, entre otros.

Asimismo, se logró que los integrantes de la Armada Nacional tengan la opción de acreditarse como peritos marítimos. Para ello, el Consejo de la Judicatura creó una aplicación dentro de su sistema pericial, denominada “Gestión Marítima y Portuaria”.

El objetivo es que estos peritos se constituyan en un soporte para el trabajo investigativo de los fiscales, presentando pruebas contundentes y decisivas ante los jueces, y así evitar que los procesos por delitos cometidos en altamar queden en la impunidad.

Sentencias relevantes

El 19 de Julio del 2011, en la  Reserva Marina Galápagos se capturó a la  embarcación Fer Mery I, mientras sus ocupantes realizaban pesca ilegal de tiburones. Como parte de la carga de pesca se encontraron 357 tiburones.

Casi cuatro años más tarde, el 23 de abril de 2016, el Tribunal de Garantías Penales del Guayas, con base en las pruebas presentadas por la Fiscalía, sentenció al capitán de la embarcación como autor del delito contra la flora y fauna acuática, imponiéndole una pena de dos años de privación de  libertad. A los otros 11 tripulantes se les sentenció a un año.

Este fue el primer caso por un delito contra la naturaleza cometido en espacios acuáticos en el que se obtuvo sentencia condenatoria.

Otra sentencia importante fue la obtenida contra 5 personas extranjeras, a quienes se les impuso la pena privativa de libertad de un año y una multa de 1.062 dólares a favor del Estado ecuatoriano.

Este hecho ocurrió en septiembre del 2015, cuando sobre el río Nashiño, en Pastaza, cinco ciudadanos de nacionalidad peruana fueron encontrados transportando 500 piezas de cedro, 7 tortugas vivas y 3 pieles de Guangano, con destino a Perú. Este caso fue judicializado por tráfico ilegal de flora y fauna silvestre.

 

De igual manera, gracias a las pruebas presentadas por las Fiscalías Especializadas en Espacios Acuáticos, también se han obtenido sentencias por tráfico de hidrocarburos, tenencia y porte de armas, homicidio culposo (colisión de embarcaciones), delincuencia organizada, robo, entre otros, la mayoría de ellas en la provincia de Esmeraldas.