Ecuador y EE.UU. aunan esfuerzos en la lucha contra el lavado de activos
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Galo Chiriboga, fiscal General del Ecuador, se reunió en Washington (EE.UU.) con Mithili Raman, fiscal General Adjunta y con funcionarios del Departamento de Justicia de esa nación, con quienes analizó los procesos jurídicos que sustentan los pedidos de extradiciones que el Estado ecuatoriano ha solicitado.
En esta visita oficial, realizada el martes 30 de julio, y en la cual también participó Nathalie Cely, embajadora del Ecuador en Washington, Galo Chiriboga destacó el interés de la Fiscalía por hacer un seguimiento cercano a estos trámites, y manifestó la disposición de la entidad que dirige para brindar toda la información que el Departamento de Justicia de EE.UU. requiera para atender los requerimientos ecuatorianos.
Adicionalmente el Fiscal destacó el interés en establecer mecanismos de cooperación para intercambiar mejores prácticas, así como de información para el seguimiento de ciertos casos que requieren cooperación internacional, en particular el lavado de activos.
Posteriormente, el Fiscal mantuvo una reunión de trabajo con Daniel Glaser, secretario Adjunto en temas de Financiamiento contra el terrorismo del Departamento del Tesoro y los representantes de EE.UU. al Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
En ese contexto, Galo Chiriboga transmitió un mensaje del compromiso del Estado ecuatoriano en materia de seguridad y fundamentó su afirmación en la concreción de acciones de carácter administrativo, judicial y legislativo para la lucha contra el lavado de activos.
Enfatizó que si bien la legislación ecuatoriana actual permite una lucha efectiva contra esos delitos, su tipificación específica, según las recomendaciones del GAFI/GAFISUD, se encuentra en un proyecto de ley que tramita la Asamblea Nacional, cuya aprobación se espera en las próximas semanas.
Los funcionarios estadounidenses también recibieron con interés la información proporcionada por el Fiscal General del Ecuador sobre el incremento en el número de sentencias condenatorias por el delito de lavado de activos (20 entre el 2008 y el 2013), así como las indagaciones fiscales que contemplan la prohibición de enajenar bienes y retención de fondos en el sistema financiero.