Dos testigos de Fiscalía rindieron testimonio en audiencia de juicio del caso ‘Estrella Dorada’
La diligencia se desarrolló en el octavo piso de la Corte Nacional de Justicia, en Quito.
Quito, 7 de septiembre del 2016.- «Para tramitar los pases policiales debía reunirse una comisión que trate y resuelva el traslado de un uniformado, es un proceso que no se realiza de inmediato», manifestó un exjefe de personal de la Policía Nacional, quien fue convocado por la Fiscalía, para rendir su testimonio en la audiencia de juicio del caso ‘Estrella Dorada’.
Esto corrobora la tesis de la Fiscalía que sostiene que los pases se entregaban de forma irregular y sin seguir las normas legales establecidas al interior de la Policía Nacional, pues una vez que presuntamente se compraba el pase, este estaba listo en 48 horas.
La audiencia de juicio se desarrolló, en su tercer día, ante los jueces de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, contra 15 policías y una civil, por su presunta participación en la venta de pases al interior de la institución policial.
El segundo testigo, fue un capitán de la Policía Nacional, quien trabaja en el área de pases y traslados. En su testimonio se refirió a que los pases policiales se tramitaban utilizando un sistema informático interno, por donde se enviaban observaciones si no cumplían con las disposiciones legales para la aplicación.
Se presume que en los hechos ilícitos participaron quienes movían los pases en el sistema o desbloqueaban con sus claves, para que se realice la operación, a pesar de que esos traslados de policías no cumplían con el reglamento.
Por medio de la investigación y la recepción de testimonios de sus 38 testigos, la Fiscalía busca comprobar quiénes son los responsables de la conformación de una estructura delictiva dedicada a emitir, de manera irregular, los traslados en las diferentes unidades especializadas de la Policía Nacional.
Según la investigación de la Fiscalía, entre octubre de 2014 y julio del 2015 se habrían negociado alrededor de 1.317 pases.
Dato:
La Fiscalía acusó a los procesados por el delito de delincuencia organizada, sancionado en el artículo 369 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), con pena privativa de libertad de hasta 10 años.