mayo 15, 2014
Tres personas más con orden de prisión por uso de documentos falsos para asegurar dos hidroeléctricas
Quito, 15 de mayo del 2014.- Con la vinculación de otras tres personas, suman cuatro los procesados por el delito de uso doloso de documento privado falso que habrían entregado en el momento de ofrecer cobertura de seguro a dos hidroeléctricas del país. Los hechos ocurrieron en el periodo de junio a septiembre del 2013.
El juez Jaime Vayas acogió el pedido de Fiscalía y ordenó prisión contra F.M., J.O. y J.V., por ser accionistas y administradores de la empresa que cometió la acción ilícita en el momento de ofertar la cobertura de seguros. La instrucción fiscal se extiende por 30 días más.
La audiencia de vinculación se desarrolló en el Juzgado Sexto de Garantías Penales, ubicado en Casa de Justicia, en el sector Carcelén Industrial. El fiscal Fabián Almeida precisó que existen graves indicios de responsabilidad en este caso, que dejó a dos hidroeléctricas sin cobertura de seguro por dos meses.
Almeida explicó que los procesados dieron las directrices sobre cómo negociar con las empresas intermediarias que ofertaban los servicios de seguros. Por ende fueron quienes, vía correo electrónico, remitieron los documentos sin respaldo para que sean entregados ante la empresa estatal.
Según el informe de la Contraloría General del Estado y la Intendencia de Seguros Privados, la empresa no tenía autorización para amparar los bienes de la Empresa Pública Estratégica Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec-EP), de manera específica a las hidroeléctricas Paute y Agoyán, las mismas que habrían sido perjudicadas por dos meses sin cobertura de seguro.
Datos:
El 19 de febrero se inició la instrucción fiscal, con la audiencia de formulación de cargos en contra de A.J., quien se encuentra con prisión preventiva.
Para el procesado F.M. sería otra acción judicial que se tramita en su contra.
El delito de uso doloso de documento privado falso se encuentra tipificado y sancionado por el Art. 340 y 341 del Código Penal y que contempla una pena de uno a cinco años.