Dos años de prisión y el pago de 60.000 dólares fue el fallo contra constructor inmobiliario
Quito, 10 de mayo del 2016.- Por abuso de confianza fue sentenciado a dos años de prisión correccional Byron N. C. y al pago de 60.000 dólares como reparación para la demandante.
Santiago Guzmán, fiscal de la Unidad de Soluciones Rápidas litigó este caso ante el Tribunal de Garantías Penales de Pichincha, presidido por el juez Vladimir Jhayya y conformado por los magistrados Julio Obando y Geovanny Villa.
El sentenciado, representante de la constructora inmobiliaria N&O (siglas) que funciona en el país desde 1992, recibió 170.000 de la perjudicada y sus dos hijas en junio del 2008 para invertir en el proyecto inmobiliario Firenze.
Según el convenio que firmaron, el dinero para el proyecto sería manejado por el fideicomiso Vera-Guayasamín, administrado por la fiduciaria Stanford Trust, administradora de fondos y fideicomisos.
Sin embargo, el dinero entregado no entró al fideicomiso y fue derivado a un proyecto hotelero-resort con fines vacacionales, ubicado en la provincia de Esmeraldas.
Para el fiscal del caso, Santiago Guzmán, esta actuación demostró dolo, es decir, la intención de causar daño, ya que, a más de la perjudicada, existen otras personas que entregaron dinero al representante de la inmobiliaria después del 2010, para adquisición de casas.
Pero Byron René N. C. les llevaba a conocer otros inmuebles, con lo que buscaban la prescripción de la causa. “Con esta actuación se demuestra delito continuado”, dijo el fiscal Guzmán.
Santiago Guzmán demostró su teoría del caso con la presentación del convenio firmado entre las partes, testimonio del sentenciado, que aceptó haber recibido el dinero, informe de los peritos contables, el testimonio de 3 perjudicadas que ratificaron el perjuicio económico, entre otros.
La Fiscalía acusó con base en el 560 del Código Penal, vigente a la época de los hechos, que determina que el abuso de confianza lo comete quien, fraudulentamente, hubiere distraído o disipado en perjuicio de otro, dinero o mercancías que le hubieren sido entregados con la condición de restituirlos. La sanción va de uno a cinco años.
La audiencia de juicio en este caso se desarrolló en marzo del 2016 y su sentencia por escrito fue emitida la noche del 6 de mayo del 2016.