Dictan prisión preventiva contra 3 ciudadanos por el delito de tráfico ilegal de personas

 

La audiencia de formulación de cargos se realizó a las 23:00 del 12-09-2015 en la Unidad Judicial Penal del excuartel Modelo en Guayaquil

Guayaquil, 13 de septiembre de 2015.- A pedido de la Fiscalía del Guayas, el juez de Garantías Penales, Iván Tirsio, dictó prisión preventiva contra 3 personas implicadas en el presunto delito de tráfico ilegal de personas. 

Un sargento de Policía en servicio activo, una funcionaria del Servicio de Migración en el Aeropuerto José Joaquín de Olmedo, y una ciudadana civil fueron detenidos en un operativo realizado la madrugada de este sábado 12 de septiembre, en varios puntos de Guayaquil.

Las detenciones y allanamientos se cumplieron en Bastión Popular, en la  ciudadela Samanes y en el interior de la terminal aérea.

En la audiencia de formulación de cargos, el fiscal John Campuzano presentó como elementos de convicción los informes la Unidad de Inteligencia, Contrainteligencia y Coordinación Transnacional de la Policía, así como las versiones de los procesados y una gran cantidad de documentos como pasaportes, libretas de ahorro, libretas de apuntes y varios equipos electrónicos.

Según la investigación fiscal, aperturada el 5 de agosto de 2015 por la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada Transnacional e Internacional (FEDOTI), los ahora procesados Gabriel M., Jéssica C. y Gisela M., serían integrantes de una red que se dedicaba a tramitar fraudulentamente pasaportes con sellos falsificados y mediante la alteración de datos en el sistema informático.

El  modus operandi,  según explicó el fiscal Campuzano, consistía en recibir y quedarse con los pasaportes de ciudadanos ecuatorianos y extranjeros  que intentan salir al exterior, con el fin de modificar la nacionalidad en el Sistema Informático Integrado de la Policía Nacional del Ecuador (SIIPNE) y el registro de movimientos migratorios en el Sistema de Migración.

La procesados cobraban entre 8.000 y 15.000 dólares por persona, y de acuerdo a las investigaciones dirigidas por la Fiscalía, al menos unas 50 personas han viajado a Europa, específicamente a Italia, bajo este sistema.

En la audiencia de formulación de cargos se dispuso que la instrucción fiscal tenga una duración de 90 días.