Cuatro ciudadanos con prisión preventiva tras operativo Avalancha III

Quito, 15 de octubre del 2014.-  El juez  de la Unidad de Flagrancia de Pichincha, Rafael Pérez,  acogió el pedido de la Fiscalía y ordenó la  prisión preventiva de María F., Jaime S., Luis A. y Carlos A., detenidos en el operativo Avalancha III, realizado en Quito.

La audiencia de formulación de cargos se realizó la noche del 15 de octubre. El fiscal Fabián Salazar presentó varios elementos de convicción que hacen  presumir la responsabilidad de los procesados en el delito de lavado de activos.

Entre los más importantes figura un reporte de la Unidad de Análisis Financiero, documento de carácter  reservado que evidenciaría la participación de estas personas en el movimiento injustificado e inusual de al menos 7 millones de dólares, en el sistema financiero nacional.  Monto que se presume provenía de actos ilícitos como extorsión, robo y usura, entre otros.

Según investigaciones de la Fiscalía, María F., Jaime S., Luis A. y Carlos A., serían cabecillas de una presunta organización delictiva  dedicada al lavado de activos que afincaba sus operaciones en Quito.

El juez consideró que la medida solicitada por la Fiscalía era  “necesaria” para asegurar la presencia de los ahora procesados,  durante la instrucción fiscal que tendrá una duración de 90 días. Además dispuso la retención e inmovilización  de todas sus cuentas bancarias.

La detención de los cuatro  procesados se produjo la  madrugada del 15 de octubre durante el  operativo Avalancha III,  en el que participaron 22 agentes fiscales y más de 500 elementos de la Policía Judicial, Grupo de Intervención y Rescate (GIR), las Unidades de Lavado de Activos de la Dirección Nacional de Antinarcóticos (ACC) y de Inteligencia Antidelincuencial (UIAD).

En el operativo se allanaron  19 inmuebles ubicados en el centro, sur y norte de la capital.  18 de los cuales  fueron incautados, así como  7 vehículos, armas de fuego, dinero en efectivo, joyas, celulares y documentos.

Dato:

Por tratarse de una investigación iniciada en el 2012,  la Fiscalía sustentó su acusación  en el Art. 14 de la Ley para reprimir el lavado de activos,  que estipula una posible pena de  reclusión menor ordinaria de 6 a 9 años.