Corte Nacional ratificó prisión preventiva en contra de exvicepresidente Jorge G.
BOLETÍN DE PRENSA FGE Nº 099-DC-2019
Quito, 22 de mayo de 2019.- Con base en los argumentos presentados por la Fiscalía, el Tribunal de Apelación de la Corte Nacional de Justicia rechazó el recurso de apelación y ratificó la orden de prisión preventiva en contra de Jorge G., exvicepresidente de la República, procesado por su presunta participación en el delito de peculado, que habría cometido en el proceso de licitación para la adjudicación, exploración y explotación del bloque Singue, en la región Amazónica.
La fiscal general del Estado, Dra. Diana Salazar Méndez –en su intervención– expresó que en la audiencia de formulación de cargos, del pasado 13 de marzo, la Fiscalía motivó debidamente la solicitud para que se dicte esa medida cautelar en contra de Jorge G. y solicitó a los jueces que rechacen el recurso.
Agregó, además, que se cumplen todos los requisitos establecidos en el artículo 534 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), referente a la prisión preventiva, pues existen elementos de convicción suficientes sobre la existencia del delito y la autoría del procesado.
La doctora Salazar se refirió también al delito de peculado, tipificado en el artículo 257, inciso primero, del Código Penal vigente a la fecha en que se ocurrió el hecho, que contempla una pena de ocho a doce años de privación de libertad.
La Fiscal General precisó que las investigaciones iniciaron con base en el Informe DASE 044-2017, con Indicios de Responsabilidad Penal (IRP) emitido por la Contraloría General del Estado, en el cual se analizó el contrato de prestación de servicios para la exploración y explotación de hidrocarburos en el bloque Singue, mismo que reveló irregularidades en la negociación y firma entre el Estado ecuatoriano y el Consorcio DGC, integrado por Dygoil y Gente Oil Ecuador.
El procesado, Jorge G., como exministro de Coordinación de los Sectores Estratégicos y presidente del Comité de Licitación Hidrocarburífera, sin cumplir la normativa legal, habría aprobado la adjudicación del contrato que causó un perjuicio económico al Estado por más de 28 millones de dólares.
Información complementaria
Actualmente, el procesado se encuentra detenido en el Centro de Rehabilitación Social de Latacunga, cumpliendo una sentencia de seis años por asociación ilícita, dentro de la trama de sobornos de Odebrecht.
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