Corte Nacional de Justicia, Consejo de la Judicatura, Fiscalía General del Estado y Defensoría Pública unen esfuerzos para combatir los nudos críticos de la justicia para niñas, niños, adolescentes y mujeres
BOLETÍN DE PRENSA FGE Nº 213-DC-2019
Quito, 29 de julio de 2019.- En el marco del Acuerdo Nacional 2030, este lunes 29 de julio de 2019, la Función Judicial del Ecuador se comprometió en el “Acuerdo Nacional por el Acceso a Justicia para una Vida Libre de Violencias”, que crea la Comisión Mixta Nacional de Acceso a Justicia del Ecuador, instancia que brindará –con la participación directa de la ciudadanía– respuestas eficaces para garantizar el acceso a la justicia y de seguimiento de las víctimas, con especial atención en unir esfuerzos en su restitución de derechos, a través de una efectiva protección integral.
En este sentido, los órganos de la Función Judicial prevén, para 2020, fortalecer la justicia especializada en el país y superar prácticas de discriminación y revictimización, garantizando actuaciones comunes para asegurar que niñas, niños, adolescentes, mujeres, personas adultas mayores, personas con discapacidades, LGBTI y las personas en situación de movilidad humana cuenten con la asesoría y representación técnica legal así como decisiones judiciales oportunas para reducir las vulnerabilidades y el riesgo que trae la violencia a sus vidas.
“Seis de cada diez mujeres en el Ecuador han sufrido algún tipo de violencia y eso debe cambiar. Hoy, creada la comisión interinstitucional, podemos actuar más ágilmente para garantizar el acceso a la justicia a quienes han sido víctima de la violencia. Tenemos claro que los objetivos son comunes y que todos están enmarcados en la prosperidad, en un ambiente de equidad y justicia”, afirmó el vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner.
La Función Judicial del Ecuador trabajará articuladamente con la ciudadanía y con la Función Ejecutiva, en procura de asegurar la protección integral de derechos, a través de los ejes de prevención, protección, sanción para la erradicación de los ilícitos de violencia, especialmente de carácter sexual y femicidio, así como el acceso de las víctimas a justicia especializada y reparación integral, otorgando el lugar central que corresponde a la observancia ciudadana de las actuaciones de los funcionarios como operadores de justicia.
Durante su intervención la Presidenta de la Corte Nacional de Justicia, Paulina Aguirre, aseguró que la firma de este acuerdo es un hito histórico para el sistema de justicia ecuatoriano. «Apuntamos a un sistema que garantice el verdadero acceso a la justicia, derecho que sirve como herramienta para el cumplimiento, protección y materialización de los demás derechos humanos», señaló.
Por su parte, la Secretaria de Derechos Humanos, Cecilia Chacón, dijo que no es posible hablar de desarrollo sin prevenir y erradicar la violencia en nuestro país. “Este acuerdo 2030 reafirma el compromiso por fortalecer una política pública para el fortalecimiento de los sistemas de protección de derechos; Queremos una sociedad sensible, solidaria, promotora de los derechos humanos que valore la vida de hombres y mujeres” destacó.
«La firma de este Acuerdo Nacional Ecuador 2030 compromete más a las instituciones encargadas de velar por la justicia, para alcanzarla. Es importante recuperar la confianza de la gente, con la firmeza necesaria para evitar la impunidad», aseguró la Fiscal General del Estado, Diana Salazar. En ese contexto, agregó que la firma del Acuerdo «permitirá a las instituciones que conformamos el sector justicia trabajar para bajar los niveles delictivos (…). Que este acuerdo marque la pauta para alcanzar un Ecuador libre de violencia. Un país en paz», concluyó.
Datos
El Acuerdo Nacional 2030 Por una Vida Libre de Violencias movilizó 16 acuerdos zonales y provinciales, la voluntad y el compromiso de 3.100 lideresas y líderes sociales y de organizaciones de mujeres y derechos humanos; 160 gobiernos autónomos descentralizados, 21 gobernadoras y gobernadores y 8 asambleístas.
Se han creado 16 grupos promotores ciudadanos para la exigibilidad de los acuerdos.
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