Condenado a 34 años de prisión por el femicidio de su expareja
BOLETÍN DE PRENSA FGE Nº 257-DC-2022
Quito (Pichincha), 13 de abril de 2022.- La muerte violenta de Jeniffer C. causó conmoción en Quito. Fiscalía demostró, en la audiencia de juicio, que Luis U. adecuó su conducta a lo que establece el artículo 141 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona el femicidio con una pena privativa de libertad de veintidós a veintiséis años.
En su alegato de apertura, la fiscal Diana Moya, de la Unidad de Violencia de Género No 1, indicó que los hechos reúnen las condiciones para que se consideraran las circunstancias agravantes del delito imputado, determinadas en el artículo 142 de la misma norma legal.
Un Tribunal de Garantías Penales, acogiendo la acusación de Fiscalía, sancionó al procesado con la pena máxima agravada, considerando las circunstancias agravantes del artículo 47, numeral 7, del COIP, haciendo que la condena se incremente en un tercio.
De esta manera, Luis U. tendrá que permanecer treinta y cuatro años y ocho meses en prisión. También tendrá que pagar 36.000 como reparación integral a favor del hijo de la víctima y una multa de 1.000 salarios básicos unificados.
El juicio y contexto
Durante la audiencia de juicio, la fiscal Moya explicó que, aproximadamente a las 18:30 del 17 de junio de 2021, el procesado acabó con la vida de su expareja, empleando un arma de fuego con la que le disparó varias veces en el rostro. El hecho ocurrió en la avenida De la Prensa y El Inca, en el norte de Quito.
Previamente, la víctima descendió de un taxi que tomó junto con un compañero de trabajo. El procesado la increpó y la golpeó con el mango del arma para luego dispararla a sangre fría.
Fiscalía practicó pruebas testimoniales, periciales y documentales con las que desvirtuó la presunción de inocencia de Luis U.
Entre estas se incluyen: el análisis practicado a los teléfonos de la víctima y su victimario, que corroboró que el ya sentenciado se comunicó con su expareja y que, además, sí estuvo en el lugar de los hechos. De esta manera, Fiscalía desvirtuó lo expuesto por el procesado, quien argumentó que, cuando ocurrió el crimen, él no se encontraba en la avenida De la Prensa y El Inca.
El Tribunal escuchó el testimonio del perito que efectuó el análisis de residuo de disparo, pericia con la que Fiscalía comprobó que el procesado sí tenía residuos de pólvora provenientes del arma de fuego que se empleó para atentar contra la vida de Jennifer C.
La madre de la víctima también acudió a rendir testimonio. Ella aseguró que la muerte de su hija tuvo un antecedente, que se remonta a cuando ella tenía 13 años: en ese entonces, el procesado vendía tanques de gas en el barrio donde ella residía y –según la progenitora– con frecuencia acosaba a Jennifer C. hasta que, en una oportunidad, la encontró cerca del colegio en el que estudiaba y se ofreció a llevarla a casa. “Él la trasladó con engaños hasta un motel y la violó”.
Fruto de la agresión sexual –dijo la madre–, su hija quedó embarazada del niño que hoy quedó huérfano tras el femicidio.
Los jueces también escucharon el testimonio del agente investigador, quien indicó que el procesado fue aprehendido en la casa de una tía, donde se refugió tras haber cometido el delito; el de la policía que realizó el levantamiento del cadáver en el Hospital Eugenio Espejo y el de la perito que practicó la autopsia.
En su informe, esta última concluyó que la muerte de la víctima se produjo por hemorragia cerebral, fractura de cráneo, trauma cráneoencefálico por la entrada y paso de proyectil de arma de fuego.
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