La investigación de este caso se inició en junio de 2022, luego de que un exasambleísta y un abogado denunciaran el hecho, con base en la difusión –por parte de un medio digital– de una grabación de una conversación entre dos vocales del Consejo de la Judicatura y el entonces presidente de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, respecto a una acción de protección interpuesta por la entonces presidenta de la Asamblea Nacional del Ecuador, Guadalupe Ll., para mantenerse en el cargo.
En la Corte Nacional se recepta el testimonio anticipado de una testigo protegida dentro de una investigación previa que involucraría a vocales del Consejo de la Judicatura y jueces de la Corte Provincial de Pichincha, por presunto tráfico de influencias.
La fiscal general del Estado, Diana Salazar Méndez, solicita a la Corte Nacional fecha y hora para la audiencia de formulación de cargos por presunto tráfico de influencias contra tres funcionarios públicos.
Fiscalía formula cargos contra los vocales del Consejo de la Judicatura, Maribel B. y Juan José M., y el juez provincial Vladimir J., por presunto tráfico de influencias.
Fiscalía sustenta su teoría del caso sobre la base de 41 elementos de convicción recabados en la investigación previa, entre los que se incluyen el testimonio anticipado de una Jueza de Pichincha que grabó una reunión en la que se habría ejecutado el delito imputado a los tres procesados.
Pese al pedido legalmente fundamentado por Fiscalía, respecto del riesgo procesal, el juez Javier de la Cadena dispone presentación semanal ante la autoridad y prohibición de salida del país para los vocales Maribel B. y Juan José M., y para el juez provincial Vladimir J.
La Fiscalía General del Estado cierra la instrucción fiscal y solicita al juez Walter Macías que señale fecha y hora para la audiencia preparatoria de juicio contra Maribel B. y Juan José M., vocales del @CJudicaturaEc, y el juez Vladimir J. por su presunta participación en el delito de tráfico de influencias.
El juez Walter Macías llama a juicio a los vocales del Consejo de la Judicatura, Maribel B. y Juan José M. en calidad de coautores, al juez provincial Vladimir J., en grado de cómplice.
Además, por pedido fundamentado de la fiscal general del Estado, Diana Salazar Méndez, dicta prisión preventiva para Maribel B y ordena su localización y captura, debido al riesgo procesal de obstrucción a la justicia.
El Juez acoge el pedido de Fiscalía y también otorga medidas de protección a favor del fiscal general subrogante y el agente fiscal de la causa. También ratificó dichas medidas para la testigo protegida de este caso.