Caso Sobornos 2012-2016: Fiscalía pide pena máxima para procesados por delito de cohecho

BOLETÍN DE PRENSA FGE Nº 216-DC-2020

Quito (Pichincha), 05 de marzo de 2020.- Casi tres horas le tomó a la fiscal general del Estado, Diana Salazar Méndez, presentar su alegato de cierre, en el décimo tercer día de audiencia de juzgamiento contra veintiún procesados, por su presunta participación en el delito de cohecho.

De manera enfática, la Fiscal General señaló que en esta audiencia se demostró la existencia de una estructura de captación irregular de dinero, liderada por el expresidente Rafael C., y que se evidenció la entrega y recepción de sobornos por parte de varios empresarios, con lo que se probó la existencia del delito.

Con ese antecedente, pidió al Tribunal que los procesados sean sancionados con el máximo de la pena, aumentada en un tercio, por existir la agravante de haber ejecutado el hecho punible con la participación de dos o más personas. También solicitó una reparación integral de 1.130’420.108 dólares –que corresponde a la suma de todos los contratos señalados dentro de la trama–, además de disculpas públicas a la ciudadanía y la publicación de la sentencia en los portales web de las entidades afectadas y en tres diarios de circulación nacional.

Fiscalía aseguró que, con las pruebas presentadas, se demostró que existieron niveles jerárquicos, codificaciones y jerga criminal para la comisión del delito; y que la estructura delictiva recaudó 7’575.196,09 dólares. De estos, 6´570.696,09 dólares por cruce de facturas y 1’004.500 dólares en efectivo.

La Fiscal General acusó como autor mediato al expresidente Rafael C., por tener el dominio de la organización, el poder absoluto sobre la estructura y ser beneficiario de los sobornos.

Mientras que, en calidad de autores directos, acusó a los exfuncionarios públicos: Jorge G., Alexis M., María de los Ángeles D., Walter S., Vinicio A., Pamela M., Laura T., Christian V. y Viviana B.; y a los empresarios: Víctor F., Rafael C., Bolívar S., Edgar S., Ramiro G., Alberto H., Teodoro C., Pedro V., Du Yeon Ch. y William P., pues, según manifestó la Dra. Salazar, –con conciencia y voluntad– ofrecieron y entregaron sobornos.

En el caso de Yamil M., Fiscalía no presentó acusación en su contra, por cuanto las pruebas presentadas no alcanzan para desvirtuar el principio de inocencia.

Respecto a Pamela M. y Laura T., solicitó que se les imponga la pena reducida en el 90% y dijo que –en audiencia reservada– se podrá verificar el cumplimiento de los acuerdos establecidos con la Fiscalía.

Asimismo, por haber contribuido con la justicia y coadyuvar al esclarecimiento de la verdad, la Fiscal General solicitó a los jueces la aplicación de la atenuante trascendental para el empresario Pedro V., debido a que el procesado suministró información relevante para el caso, por lo que pidió que se le imponga un tercio de la pena que se dicte a los demás.

Por su parte, la Procuraduría General del Estado, como acusador particular, solicitó una reparación integral para el Estado de 23’025.588,27 dólares –el triple del monto determinado por los sobornos–, así como disculpas públicas por parte de los procesados y el reconocimiento de estos hechos en medios de comunicación.

Hasta el cierre de este boletín, las defensas de los procesados continuaban presentando sus alegatos de cierre.

 

 

 

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