01 de junio de 2019

Audiencia de formulación de cargos contra Alexis M. y María de los Ángeles D.

La jueza Daniella Camacho ordenó la prisión preventiva en contra de Alexis M., mientras que para María de los Ángeles D., la prohibición de ausentarse del país, presentación periódica ante la Jueza y el uso del dispositivo de vigilancia electrónica. Fiscalía les formuló cargos por un presunto delito de concusión.

Además, la Jueza dispuso la incautación y prohibición de enajenar bienes, por un valor de 3.5 millones de dólares para Alexis M. y de 2.5 millones de dólares para María de los Ángeles D.

Entre los elementos de convicción presentados por Fiscalía se incluyen la pericia documentológica a un manuscrito de ocho hojas (de Pamela M.), en el que habría disposiciones de entrega y distribución de dinero a los procesados y a otras personas.

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19 de junio de 2019

Reformulación de cargos de Alexis M. y María de los Ángeles D.

La Fiscalía General del Estado reformuló cargos en contra de Alexis M. y María de los Ángeles D., por su presunta participación en los delitos de cohecho, asociación ilícita y tráfico de influencias, en concurso real de infracciones.

Durante la investigación surgieron nuevos elementos de convicción que hicieron variar la calificación jurídica de la formulación de cargos del 1 de junio.

Este proceso se acumuló a la causa que se sigue en contra de Pamela M. y Laura T., porque los hechos guardarían relación.

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• Alexis M. y María de los Ángeles D. ahora son procesados por presuntos delitos de cohecho, asociación ilícita y tráfico de influencias

08 de agosto de 2019

Fiscalía vinculó a 22 personas: 10 funcionarios públicos y 12 empresarios.

Fiscal presentó 15 elementos de convicción: pericias documentológicas, informes técnicos, cotejamiento de manuscritos, informes de extracción y materialización informática.

Entre ellos consta el depósito que habría recibido Rafael C., de 6.000 dólares, en su cuenta personal, realizado por una persona que trabajaba con Pamela M.

La Jueza Nacional Daniella Camacho dictó prisión preventiva en contra de:

• Rafael C.
• Jorge G.
• Vinicio A.
• Walter S.
• Yamil M.

Para los otros 17 procesados dispuso su presentación los lunes y jueves en la Corte Provincial del Guayas y en la Corte Nacional de Justicia.

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• Prisión preventiva para cinco exfuncionarios del gobierno anterior

26 de agosto de 2019

Audiencia de revisión de medidas

La jueza nacional Daniella Camacho dictó prisión preventiva contra Cai R., por haber incumplido las medidas cautelares dispuestas previamente.

Dispuso que María de los Ángeles D. y Francisco N. se presenten en la Corte Provincial del Guayas.
Negó el pedido de caución de Alexis M., por considerarlo improcedente.

Ordenó para María de los Ángeles D. y Alexis M., el congelamiento y retención de fondos por un monto de 1’072.312,15 dólares, que es el mismo valor señalado para los demás procesados.

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05 de noviembre de 2019

Audiencia de revisión de medidas cautelares

Jueza nacional Daniella Camacho acepta los recursos interpuestos por Pamela M. y Laura T., y sustituye la medida cautelar de prisión preventiva por la de prohibición de salida del país, presentación periódica ante la autoridad y uso de dispositivo de vigilancia electrónico.

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• Jueza Nacional sustituye medidas para Pamela M. y Laura T.

07 de noviembre de 2019

Audiencia de apelación a la prisión preventiva

El Tribunal de la Corte Nacional, integrado por los jueces David Jacho, Wilman Terán e Iván Larco, acoge el pedido de Fiscalía y resuelve negar los recursos de apelación interpuestos por Rafael C., Jorge G., Yamil M., Vinicio A., Cai R. y Walter S.

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25 de noviembre de 2019

Luego de once días de audiencia preparatoria de juicio, la jueza Daniella Camacho suspende la audiencia hasta analizar la información presentada por las partes procesales.

La reinstalación fue convocada para el 3 de enero de 2020, para informar si llama a juicio a los 24 ciudadanos por el presunto delito de cohecho.

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10 de febrero de 2020

Inicia el juicio contra los 21 procesados. Fiscalía los acusa por su presunta participación el delito de cohecho.

La fiscal general del Estado, Diana Salazar Méndez, presenta el alegato de apertura en el que anuncia que, durante la etapa de juzgamiento, se probará que los durante los años 2012-2016 se conformó una estructura integrada por funcionarios públicos del más alto nivel jerárquico, que facilitaron la entrega de recursos a través de cruce de facturas y dinero en efectivo por parte de empresarios, para beneficiarse de contratos con el Estado.

Fiscalía realiza el anuncio de los acuerdos probatorios alcanzados durante la audiencia de juicio: 47 pruebas relacionadas con Pamela M. y 14 con Laura T., que no podrán ser controvertidas (o rebatidas) durante el juicio.

Se reprodujeron los testimonios anticipados de Pamela M., Laura T. Y José S.

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11 de febrero de 2020

Se presentaron los primeros cuatro testigos convocados por Fiscalía: dos agentes policiales que participaron en la investigación del caso, Christian Z., autor de la publicación periodística “Arroz Verde” (de donde se originó noticia criminis); y un perito de Informática Forense de la Policía Nacional, quien presentó la extracción y materialización de los “Archivos Verdes” obtenidos de las computadoras incautadas en la Presidencia de la República y la Corte Constitucional, asignadas en su momento a la Laura T., en las que se registra información relacionada con la entrega de efectivo y cruce de facturas, códigos de funcionarios públicos y empresarios, además del seguimiento periódico de los ofrecimientos realizados dentro de la presunta estructura de sobornos.

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12 de febrero de 2020

Dos testigos y dos peritos fueron llamados por parte de Fiscalía para presentarse ante el Tribunal. Dos empresarios, que confirmaron la modalidad de cruce de facturas para la entrega de dinero a la presunta organización, y dos policías que elaboraron el informe de levantamiento de evidencias del allanamiento de Alexis M. y la extracción y materialización de la información que estos contenían.

La audiencia fue suspendida debido a que los jueces que integran el Tribunal fueron citados por una demanda de recusación presentada en su contra, por parte de la defensa del expresidente de la República –también procesado en este caso–, Rafael C., por lo que se ven impedidos de seguir conociendo la presente causa.

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17 de febrero de 2020

Se reinstala audiencia de juicio

Diez personas más dieron su testimonio ante el Tribunal de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia, en el cuarto día de audiencia de juicio.

Uno de los testigos informó que, por pedido de Laura T., depositó 6.000 dólares en la cuenta del expresidente Rafael C., hecho corroborado por otro de los llamados a rendir testimonio.

Además, se presentó el perito que confirmó la autoría de Pamela M. de los manuscritos encontrados durante el allanamiento a su domicilio.
Comparecieron, además, los peritos que verificaron los escenarios en los que se habría desarrollado el entramado de sobornos que se juzga en este caso.

Fiscalía también presentó como testigo a una perita financiera, que detalló empresas, facturas y dinero que se entregaron y explicó que todo quedó registrado en los ‘Archivos Verdes’ y ‘Victoria Andrade’.

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18 de febrero de 2020

12 nuevos testigos fueron llamados a declarar por pedido de la Fiscalía General del Estado, durante el quinto día de audiencia de juicio en contra de 21 procesados por su presunta participación en el delito de cohecho.

Los miembros del Tribunal fueron informados sobre el trabajo realizado por varios proveedores en beneficio del Gobierno anterior y pagado por empresas relacionadas en este caso.

Además rindieron testimonios sobre la entrega de sobres a Alexis M. por parte de Pamela M, y de 100.000 dólares en efectivo a Viviana B., a través de intermediarios.

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19 de febrero de 2020

La Fiscalía General del Estado pidió la comparecencia de una perita criminóloga, que presentó los resultados de su pericia de perfilación criminológica que –según manifestó– determinó varios puntos que confirman la teoría del caso de Fiscalía.

La experta determinó como escenario principal el Palacio de Carondelet y varios secundarios: el edificio La Unión, el edificio Concorde y el Colegio de Abogados del Guayas, para el desenvolvimiento de la trama.

Concluyó que la pericia científica estableció la existencia de una estructura criminal, integrada por funcionarios públicos y empresarios de alto nivel, que estaban distribuidos por niveles de operación; es decir, manejada por líderes, tenía coordinadores y mensajeros; y que incluso utilizaban jerga delincuencial.

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20 de febrero de 2020

En el séptimo día de audiencia de juicio, Fiscalía presentó Cien pruebas documentales, organizada en veintiún folders y siete carpetas, contiene abundante documentación que confirmó la relación contractual de las empresas –cuyos representantes son procesados en esta causa– con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, la Secretaría Nacional del Agua y varias entidades de los Sectores Estratégicos.

La fiscal general del Estado, Diana Salazar Méndez, dio lectura a decenas de contratos, convenios de pago, invitaciones a participar en obras y una serie de procesos irregulares de contratación entre entidades del Gobierno y las empresas Hidalgo & Hidalgo, Fopeca, Consermin, Equitesa, TGC, SK Engineering, Odebrecht, entre otras, varias de las cuales evitaron procesos ordinarios y facturaron millones de dólares con el Estado.

Además, Fiscalía presentó 135 facturas que corroboran que las empresas –cuyos representantes forman parte de los veintiún procesados– cancelaron a las proveedoras de servicios del movimiento Alianza PAIS y del Gobierno anterior.

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• Caso Sobornos 2012-2016: Fiscalía comprobó su teoría del caso con su prueba testimonial y documental

21 de febrero de 2020

En el octavo día de audiencia de juicio en el caso sobornos 2012-2016, la Procuraduría General del Estado presentó su prueba contra los 21 procesados por presunto cohecho.

Con la convocatoria de un testigo más, se informó nuevamente al Tribunal sobre la modalidad de cruce de facturas. El representante de una empresa de producción publicitaria señaló que realizó un trabajo para el Gobierno anterior que fue pagado por la empresa Metco, cuyo representante está vinculado al caso.

Asimismo, incluyo su prueba documental que señaló, servirá para una posible reparación integral al Estado.

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26 de febrero de 2020

Las defensas de los acusados renunciaron a la presentación de los testigos que fueron anunciados previamente, haciendo referencia –en su mayoría– a la prueba presentada por la Fiscalía General del Estado en días anteriores.

Pedro V., uno de los procesados, aseguró al Tribunal que –en relación a los hechos investigados– su empresa tenía pendiente el cobro de varias planillas de trabajos realizados en Manabí y que en ese contexto –y luego de haber solicitado una solución a su problema con la Prefectura de esa provincia– fue contactado por Pamela M., quien le pidió una contribución previa para el pago de los mismos.

En relación al contrato del Proyecto Multipropósito Chone, dijo recibió un mensaje de la cúpula del Gobierno de entonces (a través de Walter S.), que le exigía un millón de dólares para acceder al pago del trabajo y fue enfático en señalar que ese pedido estaba en conocimiento de otros procesados, como Jorge G., María de los Ángeles D, Alexis M. y Vinicio A.

De esa forma le hicieron llegar facturas preparadas para recolectar los fondos que le habían impuesto y aseguró que nunca entregó dinero en efectivo.

En este día, las defensas técnicas de ocho procesados presentaron su prueba, mucha de la que afianzó la teoría del caso presentada por la FGE.

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27 de febrero de 2020

En el décimo día de audiencia de juicio, las defensas de los procesados Christian V. (exasambleísta), Edgar S. (empresario) y Viviana B. (exgobernadora del Guayas) presentaron las pruebas de descargo.

Los tres acusados rindieron sus testimonios, mismos que en parte confirmaron la teoría del caso de Fiscalía General sobre la existencia de una estructura de aportes para gastos del movimiento político, con diferentes niveles de coordinación.

Por otra parte, la defensa del expresidente de la República, Rafael C. –en un intento de dilación de la audiencia de juicio–, pretendió incorporar supuestas ‘pruebas nuevas’.

El abogado del exmandatario pidió una pericia al disco que contendría los ‘archivos verdes’, aduciendo que dicho documento habría sido alterado. Dicha solicitud fue controvertida por Fiscalía y rechazada también por parte de la defensa de Laura T.

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28 de febrero de 2020

Durante la jornada los abogados de ocho procesados más presentaron sus medios probatorios de descargo: Rafael C., Alexis M., Walter S., María de los Ángeles D., Pamela M., Laura T. y Bolívar S.

El expresidente Rafael C. renunció a la mayoría de los testigos anunciados y presentó tres pruebas documentales, prescindiendo también de la mayoría que había señalado en la etapa intermedia del proceso.

La defensa de Alexis M. llamó a cuatro testigos. Además, el procesado también rindió su testimonio, en el que –pese a que manifestó no saber por qué se le acusa– dijo que conocía sobre la entrega de importantes sumas de dinero a Pamela M. por parte del empresario Pedro V., ambos también vinculados al caso.

María de los Ángeles D. no desconoció la existencia de una estructura para recaudar dinero de manera irregular; sin embargo, ubicó a las procesadas Pamela M. y Laura T. en la cabeza de la misma: “ellas armaban todo y organizaban las reuniones”, según dijo.

Pamela M. y Laura T., también prescindiendo de su prueba testimonial, se limitaron a presentar su prueba documental de descargo.

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07 abril de 2020

Tribunal de la Corte Nacional sentenció a 8 años de pena privativa de libertad a dieciocho procesados, entre ellos, Rafael C. y Jorge G., expresidente y exvicepresidente de la República, respectivamente; Alexis M., exasesor jurídico de la Presidencia; los exministros de Estado María de los Ángeles D., Vinicio A. y Walter S.; la excandidata a la Alcaldía de Guayaquil, Viviana B.; y, el exasambleísta Christian V.

Además de los empresarios Víctor F., Rafael C., Bolívar S., Du Yeon Ch., William P., Ramiro G., Édgar S., Alberto H. y Teodoro C., quienes también fueron hallados culpables, por parte del Tribunal.

Mientras que Pamela M. recibió 38 meses con 12 días y Laura T., 19 meses con 6 días, condenas atenuadas por haber colaborado efectivamente en la investigación de Fiscalía para el esclarecimiento de los hechos.

Como reparación integral al Estado, los condenados deberán publicar la sentencia en tres diarios de circulación nacional, pedir disculpas públicas en la Plaza de la Independencia, en Quito, y se ordenó el comiso de sus bienes inmuebles.

A esto se suma la colocación de una placa en la Presidencia de la República del Ecuador, con el siguiente texto: «Los recursos públicos siempre se deberán administrar honradamente y con apego irrestricto a la Ley. La función pública es un servicio a la colectividad, con sujeción a la ética como principio rector». La placa incluirá la identificación del caso, del Tribunal juzgador y el delito por el cual se condena, en castellano y quichua.

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01 de julio de 2020

Luego de haber escuchado a las defensas de los 20 sentenciados, la fiscal general del Estado, Diana Salazar Méndez, presentó sus argumentos de réplica a los expuestos por los apelantes.

Señaló que, en la audiencia de juicio, Fiscalía demostró –a través de abundante prueba testimonial, pericial y documental– la existencia de una estructura criminal, que habría recibido 7,3 millones de dólares por parte de contratistas del Estado entre los años 2012 y 2016. Por esta razón, la sentencia de primera instancia está totalmente justificada.

Asimismo, contradijo los argumentos sobre la entrega de una sentencia incompleta y que el Tribunal de juicio haya cambiado el tipo penal y el nivel de participación de cada uno de los procesados.

La Procuraduría General del Estado, a través de su titular, Íñigo Salvador, solicitó al Tribunal de apelación que entregue una metodología para ejecutar la reparación integral, lo cual no quedó definido en la sentencia.

02 de julio de 2020

El Tribunal de apelación termina de escuchar a todas las partes procesales y dispone una suspensión de la audiencia, para analizar todos los argumentos presentados durante cinco días. Notificará oportunamente fecha y hora para dar a conocer su decisión.

20 de julio de 2020

El Tribunal de Apelación de la Corte Nacional negó la mayoría de los argumentos presentados por los apelantes y ratificó la pena para 18 de ellos. Es decir, 17 deberán cumplir con una pena de 8 años y una más (gracias a su cooperación eficaz) una condena atenuada de 38 meses y 12 días.

Los magistrados coincidieron en su mayoría con la sentencia de primera instancia, excepto en los siguientes puntos: Laura T, quien –debido a sus aportes en la investigación– vio reducida su pena a 3 meses y 6 días; y, en torno al apelante Alberto H., cuya participación fue considerada accesoria por los jueces y, por lo tanto, su participación en el delito fue cambiada a la de cómplice. Su pena se redujo a 32 meses.

Además, respondiendo al principio de favorabilidad, el Tribunal resolvió que la suspensión de derechos de participación política de los sentenciados sea por el mismo tiempo de la condena.

Finalmente, señaló que, para cumplir con la reparación integral, los instigadores, coautores y autores directos deberán pagar 778.224 dólares cada uno y 368.632 dólares cada cómplice.

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