Caso Purga: 9 procesados con prisión preventiva, 2 con medidas alternativas y uno con arresto domiciliario
BOLETÍN DE PRENSA FGE Nº 298-DC-2024
Caso Purga: 9 procesados con prisión preventiva, 2 con medidas alternativas y uno con arresto domiciliario
Quito (Pichincha), 05 de marzo de 2024.- La fiscal general del Estado, Diana Salazar Méndez, formuló cargos contra el exasambleísta Pablo M., la expresidenta de la Corte Provincial de Guayas, María Fabiola G., el juez provincial Johann Gustavo M., además de Reinaldo C., Nelson P., Lino R., Henry T., Guillermo V. (también jueces de Guayas) y los ciudadanos Ruth S., Mónica A., Fausto A., y Saúl M.
La investigación en esta causa se desprende de los hallazgos del caso Metástasis.
Los ya procesados fueron detenidos en un operativo ejecutado con el apoyo de la Policía Nacional, en el que se llevaron a cabo cuarenta y tres allanamientos, especialmente en Guayaquil y Samborondón, la madrugada del 4 de marzo del año en curso.
Luego de analizar un total de 119 elementos de convicción presentados y los argumentos expuestos durante la audiencia de formulación de cargos –que se desarrolló por más de diez horas, la noche del 4 y la madrugada del 5 de marzo, y luego de la reinstalación convocada para la tarde– el juez Javier de la Cadena dispuso prisión preventiva para el exasambleísta Pablo M., la expresidenta de la Corte Provincial de Guayas, María Fabiona G., los jueces de Guayas Johann Gustavo M., Nelson P., Lino R., Henry T. y Guillermo V., además de la procuradora judicial del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, Ruth S., y Fausto A. (primo del exasambleísta procesado).
Para el juez Reinaldo C. dictó arresto domiciliario, mientras que Mónica A. (esposa del exlegislador) y Saúl M. (funcionario de la Judicatura en Guayas) deberán presentarse una vez por semana ante la autoridad competente y no podrán salir del país.
Respecto a las medidas de carácter real, ordenó la prohibición de enajenar bienes muebles e inmuebles por 3,9 millones de dólares y dispuso la retención de las cuentas que los procesados tengan en el sistema financiero nacional.
La fiscal general Diana Salazar Méndez explicó al Juez que este caso es un claro ejemplo de la unión entre la corrupción judicial y la delincuencia organizada, para la obtención de decisiones judiciales “que mantenían en asombro a toda la sociedad”.
Explicó que la cúpula de este grupo estaría conformada por Pablo M., quien –como Asambleísta– habría establecido relaciones con María Fabiola G. y Johan Gustavo M., y habría contratado a Mayra S. (procesada en el caso Metástasis) para controlar decisiones judiciales, sumarios y cambios administrativos en su beneficio, desde la Corte de Justicia de Guayas, con la participación de los otros integrantes de la organización.
Algunas de las decisiones beneficiaron económicamente y de forma directa a Pablo M., a los demás integrantes de la organización y a terceros, incurriendo –además– en la planificación y comisión de otros delitos, entre los que se incluyen: prevaricato, tráfico de influencia, cohecho agravado o fraude procesal.
También habrían sido beneficiadas –o habrían intentado beneficiarse– personas relacionadas con el narcotráfico.
Los elementos de convicción presentados por Fiscalía fueron suficientes para el juez de la Corte Nacional de Justicia, Javier de la Cadena, dicte las medidas cautelares y señale el inicio de la instrucción fiscal por noventa días.
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