Caso Pisulí: 26 años de privación de libertad por el femicidio de Amelia

BOLETÍN DE PRENSA FGE Nº 208-DC-2019

Miguel A. fue encontrado culpable del femicidio de su exconviviente. El hecho tuvo tres testigos presenciales, que dieron su testimonio en audiencia de juicio.

Quito, 25 de julio de 2019.- La empujó hasta ponerla de rodillas en la calle. La primera puñalada le cayó en el rostro y las veinte restantes le fueron lacerando el pecho. Inmediatamente, él se acuchilló –y herido– se tumbó sobre el cuerpo de ella. Todo ócurrió al mediodía del 8 de febrero de 2019, en el sector de la Pisulí, norte de Quito, y en presencia de la madre de la víctima.

Minutos antes del femicidio de Amelia L. (47 años), su expareja y agresor, Miguel A. (59 años) –vestido con chompa y gorra negra–, la emboscó a unos metros de su casa y quiso obligarla a regresar al inmueble y hablar con él.

Su objetivo era restablecer la relación matrimonial de treinta años, que Amelia había dado por concluida, debido a la violencia intrafamiliar de la que era víctima y por la que ya existía una investigación previa en curso.

Pero Amelia, que estaba acompañada de su madre, se rehusó a conversar: “yo no tengo nada que hablar con usted”, fue lo último que le dijo. Entonces empezaron los empujones y forcejeos. La madre trató de llevarse a su hija del lugar, pero Miguel sacó de su cintura un cuchillo que llevaba envuelto en papel y mientras agredía a Amelia, amenazaba a la madre para que no intervenga.

Una vecina, desde el piso tres de su casa, grabó con su celular los últimos momentos del femicidio. Dos vecinas más fueron testigos presenciales de los hechos. Una de ellas hizo parar una moto para trasladarse a la Unidad de Policía Comunitaria de La Pisulí y alertar a los agentes de servicio urbano. La otra llamó al ECU 9-1-1 para que envíen una ambulancia. Un tercer vecino trató de detener la agresión amenazándolo con un palo, pero no lo logró.

Cuando llegó la ayuda médica, Miguel fue trasladado a un hospital público, donde trataron las heridas autoinflingidas. Al día siguiente, la Fiscalía le formuló cargos en esa casa de salud.

Cuando arribaron Policía Judicial, Dinased, Criminalística y Fiscalía, se levantó el cadáver de Amelia, se recolectaron muestras genéticas y se recuperaron los indicios, como el cuchillo y el teléfono celular con el que la vecina registró el hecho. También buscaron a testigos presenciales del femicidio y a familiares de la víctima.

El análisis genético realizado a las muestras de fluidos tomadas del cuchillo, resultó positiva en la comparación con las muestras tomadas del cuerpo de Amelia y a las entregadas por Miguel.

Estos hechos fueron relatados en once testimonios de peritos y testigos presentados por la fiscal especializada en Violencia de Género, María Alejandra Sigcha, la mañana de este 25 de julio de 2019, en la audiencia de juicio instalada ante las juezas del Tribunal de Garantías Penales, Paola Logroño, Olga Ruiz y Mabel Tapia (ponente).

Circulo de violencia intrafamiliar

En su juicio, Miguel A. decidió entregar su testimonio, libre y voluntario. Dijo que en 30 años de matrimonio nunca la trató mal, que él trabajaba conduciendo camiones y que de un momento a otro “el trato que me daba era pésimo, no me atendía, no me hacía el desayuno, no me daba de comer (…). Llegó el día en que me decidí (…) el trato era pésimo y me botó de la casa”.

Pero la madre de Amelia, en su testimonio, dijo lo contrario: “vivió años con él, la chantajeaba, la trataba mal (…) siempre la obligaba a que volviera. Mi hija decía que lo hacía por sus hijos (…)”.

Con el conjunto de pruebas, Fiscalía demostró que Miguel Aguirre es autor de femicidio, un delito que tiene como antecedente las relaciones violentas de poder que terminan con la agresión y muerte de una mujer, siendo este el último eslabón del ciclo de la violencia.

Sentencia

Con los ojos fijos sobre el Tribunal de Garantías Penales de Pichincha y las manos en sus rodillas, Miguel A. escuchó su sentencia condenatoria: fue encontrado culpable del delito de femicidio, condenado a 26 años de privación de libertad, al pago de una multa de 1.000 salarios básicos unificados y la entrega de 40.000 dólares como reparación integral a los tres hijos de la pareja (mayores de 18 años). La familia de la víctima también deberá recibir terapias psicológicas, por orden judicial.

Dato jurídico

Miguel A. fue sentenciado con la pena máxima del artículo 141 (femicidio de veintidós a veintiséis años de prisión) y con las circunstancias agravantes del 142, en sus numerales 2 y 3 (que exista o haya existido una relación conyugal y cometer el delito en presencia de un familiar), del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

 

 

 

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