Caso El Rodeo: inició juicio contra funcionarios públicos que presuntamente pedían dinero a cambio de “beneficios penitenciarios”
BOLETÍN DE PRENSA FGE Nº 253-DC-2020
Portoviejo (Manabí), 16 de marzo de 2020.- Con el anuncio, en la audiencia preparatoria de juicio, de noventa y cuatro testigos, y dieciséis pruebas documentales por parte de Fiscalía, arrancó el juicio en contra de ocho personas –siete funcionarios públicos y un abogado en libre ejercicio–, acusados de los delitos de asociación ilícita y concusión, en concurso real de infracciones.
Cuatro de ellos son servidores administrativos y de asesoría jurídica del Servicio Nacional de Atención Integral a las Personas Privadas de la Libertad (PPL) y Adolescentes Infractores (SNAI) del Centro de Rehabilitación Social (CRS) “El Rodeo”; tres son jueces de Garantías Penales con funciones en garantías penitenciarias, con jurisdicción en Portoviejo-Manabí; y, uno es un abogado en libre ejercicio.
La audiencia de juzgamiento se instaló en la Corte Provincial de Justicia de Manabí, debido a que la prisión preventiva de dos de los procesados está próxima a caducar, por lo que es indispensable resolver su situación jurídica. Asimismo, se han tomado en cuenta las medidas de seguridad sanitarias dispuestas por el Ministerio de Salud Pública y por el Consejo de la Judicatura.
Corrupción, dinero y whisky
En su alegato de apertura, el fiscal provincial de Pichincha, Alberto Santillán Molina, precisó que la presunta red de corrupción de funcionarios públicos habría solicitado dinero y botellas de licor para tramitar las garantías penitencias de las personas privadas de la libertad en el CRE “El Rodeo” y en el de Bahía de Caráquez, ambos en Manabí.
Cabe resaltar que las PPL tienen derecho de acceder –por Ley– a las garantías penitenciarias sin costo alguno. Sin embargo, para tramitar estos derechos, los funcionarios “a cambio les exigían a los familiares de las personas privadas de la libertad una gratificación, cuota o contribución de 500 a 3.000 dólares, además de dos o cuatro botellas de whisky, cuyos precios debían oscilar entre 19 y 45 dólares, como mínimo. Sí se negaban, los expedientes se extraviaban en el CRS o se tramitaban mucho tiempo después”, indicó el fiscal Santillán.
En ese contexto, el concurso de delitos que persigue la Fiscalía determinó que la oferta realizada a los procesados iniciaba con el análisis y trámite de la prelibertad en el CRS (cuando la PPL cumplía el 60% de su condena (60/40)), continuaba con el inmediato señalamiento del día y hora para la audiencia y finalizaba con un resultado positivo en ella.
La persona encargada de interceptar a las PPL del CRS “El Rodeo” era María del Carmen D. Y., funcionaria de dactiloscopia, que entregaba a las PPL el número de Rodrigo Miguel M. M., su conviviente y funcionario de la SNAI.
Rodrigo, a su vez, les exigía a las PPL que entreguen las gratificaciones, cuotas o contribuciones a Einstein Reinaldo G. G., asesor jurídico de la coordinación zonal de la Secretaría de Derechos Humanos 4, y a Ekel Cayetano G. G., funcionario de la SNAI. Estos dos últimos habrían entregado las “gratificaciones” a los jueces de Garantías Penales con funciones en garantías penitenciarias, Banny Rubén M. B., Javier Vicente L. V. y Omar Vinicio O. S.
El último eslabón que cerraba el círculo de la red es Marcos Felicísimo A. I., que estaba en contacto con Marcela y Ekel, “bajo los mismos términos de exigencia de dinero para la concesión de beneficios penitenciarios”, dijo el Fiscal Provincial en su alegato de apertura.
Dato adicional
En este primer día se prevé la intervención de veinticinco testigos, entre víctimas, la exdirectora de El Rodeo, personal de talento humano de los CRS, del Departamento de Dactiloscopia, agentes aprehensores e investigadores, entre otros.
Información de contacto:
Dirección de Comunicación Social
comunicacionsocial@fiscalia.gob.ec
Teléfono: 3985800 Ext. 173123