Caso 30S (Radio Patrulla):Fiscalía acusó a 13 uniformados

En el segundo día de audiencia preparatoria de juicio que se desarrolla en el Juzgado Sexto de Garantías Penales de Pichincha, el fiscal Gustavo Benítez emitió dictamen acusatorio contra 13 policías, quienes presuntamente participaron en los hechos suscitados el  30 de septiembre del 2010 (30-S), en la Central Metropolitana de Atención Ciudadana (CMAC).

La Fiscalía se abstuvo de acusar a cuatro uniformados, por no existir suficientes pruebas en su contra. 

Según Benítez, los imputados intervinieron directa e intencionalmente el 30-S. A través de los equipos de radio patrulla habrían provocado la rebelión y el caos, contradiciendo sus deberes y obligaciones establecidas en la Constitución.

El Fiscal explicó que el 30 de septiembre del 2010, a través de la operación “patch”, los policías que laboraban en la CMAC, desde Quito habrían enviado mensajes instigadores a los comandos provinciales de Guayas, Esmeraldas, Azuay y Bolívar, “es decir se realizó una interconexión para incitar a los miembros policiales del país”.

La Fiscalía sustentó su acusación en varios elementos de convicción tales como: informes del presidente de la República, Rafael Correa, del ex ministro del Interior, Gustavo Jalkh y de la Contraloría General del Estado, pericias de audio, video y afines, cotejamiento de voces, versiones de los agentes del Cuerpo de Bomberos,  grabaciones de los mensajes emitidos a través de radios handy y teléfonos celulares, entre otros.

Los uniformados fueron acusados por el presunto delito de incitación a la rebelión, tipificado en el Art. 146 inciso segundo del Código Penal. La sanción establecida es de 3 a 6 años, si solo se produjeron lesiones, es decir eso cabe  para cuatro de los acusados, quienes trabajaron en el turno de la mañana.

Para quienes laboraron en la tarde (13 policías) la pena  podría ir de 6 a 9 años, puesto que se produjeron muertes.

Al final de la audiencia preparatoria de juicio  y de sustentación de dictamen, el  juez Franz Valverde decidirá si acoge el pedido fiscal y llama a juicio.