Carta aclaración : Diario Expreso
Quito, 02 de mayo del 2012
Señor
Rubén Darío Buitrón
Editor General diario Expreso
Guayaquil
Señor Editor:
En la edición del martes 01 de mayo del 2012, sección Actualidad, página cuatro, del diario Expreso, con la publicación de la nota “Jueza anula juicio en el que se involucraba a Chiriboga”, se comete un grave error al pretender relacionar a Galo Chiriboga Zambrano, fiscal General del Estado, con el proceso que por presunto peculado se desarrollaba en la Corte Nacional de Justicia y que coloquialmente es conocido como el caso “Palo Azul”.
En el texto de la nota se desarrolla de forma clara el hecho noticioso. También se contrasta y comenta la decisión de la jueza Lucy Blacio de dictar el auto de nulidad del proceso. Mas, a pesar de todo ello, se titula de manera tendenciosa que se “… anula juicio en el que se involucraba a Chiriboga”, es decir a la máxima autoridad de la Fiscalía General del Estado.
En el cuerpo de la noticia, claramente se dice que “… la Fiscalía NUNCA vinculó a Chiriboga al expediente”. Y a continuación, el asambleísta Cléver Jiménez dice que “en toda la investigación podemos darnos cuenta de que él (Galo Chiriboga) tuvo mucho que ver en la entrega del campo Palo Azul”.
Con este párrafo se pretende sustentar el titular. Es decir, éste se sostiene en lo que expresa alguien que no ha logrado demostrar nada y que, además, muestra absoluta ignorancia y/o mala fe al decir que Galo Chiriboga “tuvo mucho que ver en la entrega del campo…”.
Al respecto se debe mencionar que la adjudicación del campo Palo Azul fue autorizada por el Estado ecuatoriano el 20 de septiembre del 2000, por intermedio del ex ministro de Minas y Petróleos Pablo Terán, quien firmó el convenio de explotación unificada.
A esa época, Galo Chiriboga no ostentaba ningún cargo público, mucho menos en el área petrolera. Tampoco tenía relación privada alguna con las empresas adjudicatarias.
Ello está relatado en los más de 90 cuerpos que conforman este caso y en donde, el nombre de Galo Chiriboga Zambrano, no aparece vinculado jamás como responsable o, peor aún, como “involucrado”.
Su participación, en estricto apego a la Ley, ocurre cuando en diciembre del 2007, como Ministro de Minas y Petróleos, dejó sin efecto una comisión ad-hoc constituida en esta Cartera de Estado para supuestamente investigar el caso Palo Azul. La argumentación para actuar de tal forma fue que dicha comisión carecía de sustento legal para hacer una “indagación” porque este es un aspecto penal que corresponde exclusivamente a la Fiscalía.
Además, se advirtió que toda observación a los procesos de contratación petroleros debían sustentarse en los informes de carácter técnico y en las auditorías que en ese entonces realizaba la máxima autoridad de control petrolero que era la Dirección Nacional de Hidrocarburos (DNH).
En el proceso penal, que culminó con el auto de nulidad expedido por la jueza Lucy Blacio, por “no contar con la debida motivación”, también se presentaron los diversos estudios técnicos (peritajes internacionales) y legales (informes de Contraloría) que ratificaban la existencia del campo unificado Palo Azul.
Con base en esos argumentos legales, la jueza Blacio tomo la decisión de declarar la nulidad del proceso y dejó sin fundamento la existencia del presunto delito de peculado, así como la validez del reinicio de la indagación y posterior instrucción fiscal dispuestas por el ex fiscal Washington Pesántez y su subrogante, Alfredo Alvear.
Esto lo sabe el asambleísta Jiménez, y demás “denunciadores profesionales”, que con absoluta liviandad lanzan este tipo de bulos, los mismos que lastimosamente sirven para que el diario Expreso titule falazmente una nota de un hecho trascendental para la nación.
Finalmente, hay que mencionar que Galo Chiriboga Zambrano, como fiscal General del Estado, en la audiencia fallida sobre el mismo caso del 27 de marzo del 2012, solicitó que quienes “han intoxicado” con mentiras e infamias el desarrollo de este proceso penal “tengan la entereza” de asistir a las audiencias para probar con hechos y documentos los infundios que han propalado.
Se hizo el llamado público, pero ninguno de los supuestos “denunciantes” apareció para ratificar, mucho menos probar sus hipótesis interesadas. La respuesta a esas ausencias probablemente se deba a que si no se prueba lo que se dice o, peor todavía, una acusación tan grave, se comete un delito.
Ante todo lo expuesto, solicito señor Editor que, en cumplimiento del derecho consagrado en el numeral 7 del artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador que preceptúa: “El derecho de toda persona agraviada por informaciones sin pruebas o inexactas, emitidas por medios de comunicación social, a la correspondiente rectificación, réplica o respuesta, en forma inmediata, obligatoria y gratuita, en el mismo espacio…”, se rectifique y aclare las erradas notas que publica Expreso, con las cuales se pretende afectar la imagen institucional del Fiscal General del Estado.
Atentamente,
Ramiro Núñez Villacrés
Asesor de la Fiscalía General del Estado