Carlos T. Z. es sentenciado a 5 años de cárcel por asociación ilícita

BOLETÍN DE PRENSA FGE Nº 729-DC-2020

Guayaquil (Guayas), 17 de agosto de 2020.- Con las pruebas documentales y testimoniales presentadas por Fiscalía, Tribunal Penal del Guayas sentenció a cinco años de pena privativa de libertad al expresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), José Carlos T. Z.; mientras que la situación legal de los otros tres procesados, Jorge R. A., Silvia C. G. y Marco C. S., se resolverá en una próxima audiencia (fecha a determinar).

Los cuatro fueron procesados por el presunto delito de asociación ilícita para ofertar cargos públicos y contratos, a cambio de sumas de dinero, comprendidas entre 5.000 y 500.000 dólares.

En la audiencia de juzgamiento, en la Unidad Judicial Albán Borja –que inició el jueves 6 y continuó los días jueves 13, viernes 14 y lunes 17 de agosto–, el fiscal de la Unidad de Administración Pública, César Suárez Pilay, expuso más de veinte pruebas documentales y veinte testimonios, entre estos, de los agentes aprehensores e investigadores, peritos que intervinieron en la investigación, de los presuntos perjudicados, entre otros.

Entre las pruebas documentales se incluyeron: el informe de reconocimiento del lugar de los hechos, pericias informáticas, de identidad humana y documental, así como las de audio y video de los teléfonos de los procesados y del denunciante (junto a su versión); el informe investigativo y de inspección ocular técnica, el testimonio anticipado de presuntos perjudicados y las certificaciones laborales del procesado José Carlos T. Z., del momento en que se suscitaron los hechos.

Fiscalía presentó como prueba principal audios y videos de los procesados, en los que se demuestra su participación en los hechos, además de las declaraciones de dos presuntos perjudicados. Uno de ellos relató que accedió a un nombramiento en el Ministerio de Salud, pagando por ello la suma de medio millón de dólares; otro dijo que pagó 50.000 dólares para trabajar, supuestamente, en el Consejo de Participación Ciudadana, en Quito.

Además de la explotación y extracción de información de los teléfonos celulares y seguimientos realizados a los procesados, sobre su documentación (facturas, estados de cuenta, letras de cambio, cheques…) y otras relativas al hecho.

Fiscalía, en su intervención, citó las fechas en que se reunieron los integrantes de esta presunta agrupación delictiva, en Quito y Guayaquil, y demostró que José Carlos T. Z. era el encargado de ofertar cargos públicos en sus diferentes modalidades, para instituciones como el Ministerio de Salud, la Dirección de Aviación Civil, el Servicio Nacional de Aduanas y Petroecuador, a cambio de fuertes sumas de dinero.

El Tribunal de Garantías Penales, conformado por los jueces Allison Ramírez, Fernando Lalama y Dora Vargas, acogió las pruebas presentadas por Fiscalía y emitió la sentencia condenatoria contra José Carlos T. Z. Además, le impuso una multa económica, la pérdida de los derechos de ciudadanía y emitir disculpas públicas, cuyo procedimiento se determinará y detallará en la resolución escrita.

Los jueces dispusieron que en una próxima audiencia se resuelva la situación jurídica de Jorge R. A., Silvia Leonor C. G. y Marco Eduardo C. S. Esto, porque uno de sus abogados presentó un certificado médico por presunto contagio de Covid-19 y los otros dos justificaron su inasistencia a la diligencia.

Contexto

El 28 de noviembre de 2019, treinta y dos personas fueron detenidas en el operativo “Emperador”, liderado por la Fiscalía General del Estado, en coordinación con la Unidad Antisecuestro y Extorsión (Unase) de la Policía Nacional, en Guayas, Manabí, Pichincha, Los Ríos, Tungurahua y Sucumbíos. A continuación, se les inició un proceso investigativo, a través de la Unidad de Administración Pública, por un presunto delito de asociación ilícita para ofertar cargos públicos.

Según las investigaciones, en estas reuniones participaban otros miembros de esta organización, liderada presuntamente por José Carlos T. Z., quien –junto con la ya sentenciada Renata J. R.–, acordaba los puestos a ofertar e indicaba los valores que deberían cancelar por ellos, además de la adjudicación de contratos con instituciones públicas, para lo cual presuntamente solicitaban porcentajes de los montos de contratación.

Otros doce procesados por este caso se acogieron al procedimiento abreviado, por lo que fueron sentenciados a un año de pena privativa de libertad, multas de cuatro salarios básicos unificados (1.600 dólares), impedimento de postularse para cargos de elección popular por diez años y la prohibición de contratar con empresas del Estado.

 

 

 

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