Asambleísta Yofre P., prefecto Amado Ch. y otros, fueron declarados culpables de paralización de servicio público

BOLETÍN DE PRENSA FGE Nº 594-DC-2019

Quito, 08 de noviembre de 2019.- A cuatro años de pena privativa de libertad fueron sentenciados César P., Gonzalo V., Carlos Ch. y Víctor B., como autores directos del delito de paralización de un servicio público.

Mientras que el asambleísta Yofre P., el prefecto de Sucumbíos, Amado Ch., y los ciudadanos Steven T., Jenny R. y José G. recibieron una condena de un año y cuatro meses de prisión en calidad de cómplices.

Esta es la sentencia que dictó el conjuez nacional David Jacho, la tarde de este 8 de noviembre, en la Corte Nacional de Justicia, luego de que se reinstalara la audiencia de juicio directo.

A decir del Conjuez, los sentenciados paralizaron un servicio público y se tomaron a la fuerza una instalación pública (EP Petroecuador). Además mencionó que estas personas actuaron con conciencia y voluntad.

Para su resolución, tomó en cuenta varias circunstancias agravantes, como ejecutar la infracción aprovechándose de concentraciones masivas y cometer el delito con la participación de dos o más personas.

Como reparación inmaterial, dispuso que cada sentenciado pague seis mil dólares a la víctima: Petroecuador.

También ordenó la publicación de la sentencia en un periódico local y en uno nacional a costa de los condenados. Asimismo, deberán pedir disculpas públicas en el parque central de Lago Agrio por los actos ejecutados el pasado 7 de octubre.

La audiencia de juicio directo

Con treintaiún pruebas –entre testimoniales y documentales– presentadas por el fiscal general del Estado subrogante, Wilson Toainga, se demostró que el pasado 7 de octubre, los nueve ciudadanos ingresaron de forma violenta a las instalaciones de la empresa pública Petroecuador, en Sucumbíos, y obligaron a tres técnicos a paralizar el bombeo de petróleo a través del SOTE (Sistema de Oleoducto Transecuatoriano).

La interrupción se habría dado ‪entre las 18:06 y las 20:25‬. Es decir, dos horas y diecinueve minutos, impidiendo el bombeo de 31.286 barriles de petróleo, lo que ocasionó un perjuicio económico al Estado por más de 1’700.000 dólares.

 

 

 

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