Arturo Jarrín fue detenido por orden directa de Manuel A. Noriega, exgobernante de Panamá
El exagente que detuvo a Arturo Jarrín dio su testimonio anticipado ante el fiscal General, Galo Chiriboga Zambrano, y la jueza nacional Silvia Sánchez.
Quito, 29 de junio del 2016.- “Él fue entregado con vida al Ejército ecuatoriano en Panamá”. Esa fue una de las afirmaciones del exagente de inteligencia del G-2 de las Fuerzas de Defensa de Panamá que detuvo a Arturo Jarrín en ese país, la noche del 24 de octubre de 1986.
La tarde de este miércoles 29 de junio, durante su testimonio anticipado, el exagente panameño entregó al Fiscal General del Estado un documento que le habría proporcionado el entonces Jefe del G-2 panameño, coronel Bernardo Barrera, con información relevante para la detención de Arturo Jarrín, exdirigente del grupo Alfaro Vive Carajo (AVC). Dicho documento fue ingresado a cadena de custodia para más adelante realizar las pericias necesarias.
El testigo protegido de la Fiscalía reiteró que Jarrín fue entregado con vida a tres representantes del Gobierno ecuatoriano en Panamá, entre ellos el entonces agregado militar en ese país, Rubén P. Además, que le inyectaron “una sustancia roja en sus glúteos”. Finalmente fue subido a un vehículo y trasladado al aeropuerto.
El testigo también dijo que el general Manuel Antonio Noriega, entonces gobernante de Panamá, dio la orden para la detención de Jarrín. Esta fue impartida al Jefe del G-2, quien a su vez dispuso al exagente su localización y captura, la misma que se produjo en un local de cabinas telefónicas.
Este fue el sexto testigo protegido que rindió su testimonio ante la jueza nacional Silvia Sánchez, en el caso que investiga la muerte de Arturo Jarrín. A propósito, la magistrada instó a los medios de comunicación y a las partes procesales a no difundir la identidad de los testigos protegidos para preservar su seguridad.
Segundo caso judicializado por lesa humanidad
La Fiscalía General del Estado investiga el caso ‘Arturo Jarrín’ por detención ilegal, tortura y ejecución extrajudicial, en el contexto de un crimen de lesa humanidad. Es el segundo caso de este tipo judicializado en Ecuador.
Por decisión del fiscal General, Galo Chiriboga Zambrano, este caso es llevado ante la justicia luego de casi 30 años de impunidad. Se trata de un proceso penal por la ejecución extrajudicial de Arturo Jarrín, ocurrida la noche del 26 de octubre de 1986.
Tras la audiencia de formulación de cargos, del pasado 28 de abril, están procesadas 13 personas, de ellos 11 son policías.