Abuelo es condenado a 22 años de prisión por la violación a su nieta
BOLETÍN DE PRENSA FGE Nº 609-DC-2022
San Miguel de los Bancos (Pichincha), 19 de agosto de 2022.- Un abuelo, que cometió varios episodios de violación en su nieta, recibió sentencia condenatoria de veintidós años de privación de su libertad.
El fiscal del caso, Erik López, demostró que el delito de violación fue cometido de forma sistemática, entre el 2016 y 2018. En audiencia de juzgamiento, las pruebas presentadas a un tribunal de garantías penales, fueron los testimonios de peritos médico legales y psicólogos, el relato de la víctima, a través de otros testigos.
La niña cambió drásticamente su comportamiento y bajó su rendimiento académico. Esto no pasó desapercibido en la escuela donde estudiaba. La psicóloga del departamento de Consejería Estudiantil (DECE) —en septiembre de 2018—, levantó un Informe de Situaciones de Violencia, donde la niña le dijo que el abuelo la violó “en los años pasados, pero mi mami no me creyó al principio. Luego dijo que todo deja en manos de Dios. En este año mi abuelito le pidió una ropa mía para olerla y olvidarme”.
Entonces la madre presentó la denuncia, donde precisó que su padre violó a su hija, que en ese tiempo tenía 9 años y 8 meses de edad.
El perito médico-legal confirmó que el cuerpo de la niña fue violentado sexualmente y el testimonio del perito psicólogo que valoró a la víctima concluyó que la niña atraviesa situaciones de inseguridad, ansiedad y otras afectaciones. Además, la víctima le contó con detalles, cómo sucedieron los hechos y afirmó que su abuelo es el agresor.
En la audiencia, Celso S. Ch., de 74 años de edad, se acogió al silencio.
Gloria S. R., madre de la víctima, en cambio se contradijo al momento de entregar su testimonio —bajo juramento— a los jueces. En la presentación de su denuncia, afirmó que su hija le contó los hechos, y también dijo que los vecinos le comentaron lo que pasaba. Pero en su testimonio, lo negó e intentó retractarse de la denuncia.
Al final de la audiencia, a más de la pena privativa de libertad, los jueces impusieron al agresor que entregue a la víctima una reparación de 3.000 dólares. También el pago de una multa de 800 dólares a la administración de justicia.
Tanto la madre como la niña, por disposición del Tribunal, ingresarán a rehabilitación psicológica, servicio que la red de salud pública deberá entregar.
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