Prisión preventiva para presunto implicado en el caso de paquetería OGC
El pasado 10 de marzo, mediante acto urgente, la Fiscalía General ordenó el allanamiento de las bodegas de OGC.
Guayaquil, 12 de julio del 2016.- Óscar Z., presunto implicado en el caso de la compañía de paquetería OGC Logistic, quedó con prisión preventiva dentro del proceso que se sigue en su contra por el presunto delito de evasión tributaria.
Esto fue posible luego de que, este lunes 11 de julio, fue detenido en la ciudad de Manta, provincia de Manabí, mediante una orden judicial, en la que la Fiscalía requería su ubicación para fines investigativos.
En la audiencia de formulación de cargos, desarrollada este martes 12 de julio, el juez de Garantías Penales del Guayas, Gonzalo Villacreses, acogió el pedido del fiscal Pedro Intriago de privar de su libertad al procesado con el fin de garantizar su comparecencia al proceso.
En la diligencia, Intriago dio inicio a la instrucción fiscal, que tendrá una duración de 90 días. En esta etapa se recopilarán las pruebas necesarias para establecer si se presenta un dictamen acusatorio o abstentivo en contra del procesado.
Este caso se investiga por el perjuicio que habría ocasionado la compañía OGC Logistic, al enviar paquetería de España a Ecuador, bajo la figura de menaje de casa, cuando en realidad se trataría de mercadería sometida al pago de impuestos.
La presunta ilegalidad fue detectada cuando en los contendores de menaje de casa, servicio usado por migrantes ecuatorianos para traer al país sus pertenencias, se identificaron artículos que no corresponden a lo permitido.
En esta actividad estaría presuntamente involucrado Óscar Z., quien figura como apoderado en Ecuador de la compañía OGC. Según la investigación de la Fiscalía, el procesado sería quien, supuestamente, gestionaba el retiro de las encomiendas con las personas asignadas para recibirlas en Ecuador.
Este proceso investigativo tiene alrededor de 80 cuerpos, en los cuales consta información recopilada en elallanamiento realizado en un local donde funcionaba la empresa española, ubicado en la ciudad de Machala, provincia de El Oro. Allí se decomisaron tarjetas de presentación, facturas, recibos de cobro, entre otros documentos.
Óscar Z. también es procesado por el delito de estafa que sigue la Fiscalía, por la falsa promesa de entrega, por parte de OGC Logistic, de las encomiendas provenientes del país europeo a los ciudadanos ecuatorianos.
Por este hecho, la Fiscalía ha receptado cerca de 1.500 denuncias de personas que aseguran haber solicitado los servicios de paquetería a esa empresa, sin haber recuperado el dinero pagado ni las encomiendas.
Luis Peña, fiscal a cargo de esta investigación, indicó que por este caso hay otra persona detenida. Se trata del ciudadano Vicente Z., quien es una de las 16 personas que están vinculadas al proceso investigativo por estafa.
Otros procesos por estafa y falsificación
Otras dos investigaciones aperturó la Fiscalía frente a las irregularidades detectadas con las operaciones de la empresa OGC. Una tiene relación con el delito de uso ilegal de una marca registrada.
El fiscal Peña explicó que en el proceso investigativo por el delito de estafa se detectó que la marca ‘Ecuador Ama la Vida’, era usada por esa compañía para promocionar sus servicios, sin que tenga la autorización del Ministerio de Comercio Exterior.
Es por ello que se abrió otra investigación para determinar presuntas responsabilidades por este delito, aclaró Peña.
El otro caso es por la falsificación de la firma de un documento privado. Se trata de la escritura notarizada, con la que uno de los migrantes certifica supuestamente que los objetos que se encuentran en el contenedor son de su pertenencia.
El fiscal Peña explicó que cuando esta persona fue llamada a dar su versión, se dio cuenta que su firma había sido falsificada.
Ante esta situación, la Fiscalía solicitó se realice la pericia que confirmó la falsificación.
Dato
El pasado 14 de marzo, el fiscal General del Estado, Galo Chiriboga Zambrano, solicitó la apertura de una investigación respecto a este caso a la Fiscalía General del Estado del Reino de España, en Madrid, donde se reunió con los afectados residentes en este país.