Dos exdirectivos de cooperativa fueron sentenciados a 10 años por peculado
El fiscal César Andrade intervino en la audiencia de juicio por peculado.
Cañar, 16 de septiembre del 2016.- María P., exgerente, y Luis M., expresidente, fueron sentenciados a 10 años de privación de libertad por peculado, cometido en la Cooperativa de Ahorro y Crédito del Migrante, de Cañar.
Con base en las pruebas de la Fiscalía, el Tribunal Segundo de Garantías Penales de Cañar emitió su sentencia, en la audiencia de juicio, desarrollada el 24 de agosto y el 14 de septiembre.
Además, los jueces ordenaron que los sentenciados cancelen 57.400 dólares a seis perjudicados, como reparación integral.
En su teoría del caso, el fiscal César Andrade expuso que entre el 2011 y el 2013 no existió una adecuada administración en el manejo de los fondos de la institución financiera. Esto produjo una afectación económica en el patrimonio de la cooperativa de más de 290.000 dólares.
En la investigación, la Fiscalía comprobó que se abrieron dos sucursales y se adquirió una vivienda a nombre de la cooperativa, con el dinero de los socios, la misma que luego fue vendida. Esto sin tener el capital suficiente y sin la autorización de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS).
Asimismo, se hicieron préstamos que no fueron cobrados. El fiscal Andrade explicó que estas acciones ocasionaron la falta de dinero (liquidez) en la institución financiera.
Una de las pruebas presentadas por la Fiscalía fue un informe de la Unidad de Análisis Financiero en el que se señala que los sentenciados tienen cuentas bancarias con cantidades de dinero que no son justificadas con sus ingresos.
Además, la Fiscalía expuso el informe de auditoría de la SEPS, la pericia contable solicitada por la Fiscalía, un certificado del Registro de la Propiedad en el que consta la compra y venta de la vivienda, el registro de la directiva de la cooperativa, certificados de depósitos a plazo fijo (pólizas), copias de las libretas de ahorros y otras pruebas.
En esta diligencia la Fiscalía presentó a 12 testigos, entre ellos funcionarios de la SEPS, agentes de la Policía, peritos y perjudicados.
La Fiscalía investigó este caso desde junio del 2015, por la denuncia de un grupo de perjudicados que intentaron retirar su dinero en varias ocasiones, sin embargo este no fue devuelto.
La cooperativa tenía 1.800 socios, una matriz en el cantón Cañar y sucursales en Azogues y El Tambo. Pero, actualmente se encuentra cerrada.
Dato:
La Fiscalía procesó a los sentenciados con base al artículo 278 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) que sanciona el peculado con pena privativa de libertad de hasta 13 años.