Acusación de fiscales se refuerza con uso de videos de delitos flagrantes
En febrero del 2015, la Fiscalía de la Unidad de Personas y Garantías inició una investigación para identificar a los presuntos responsables del asesinato de una persona en el interior de un bus de la línea 108, hecho registrado al noroeste de Guayaquil.
Esa investigación conllevó el pedido, al Servicio Integrado de Seguridad Ecu-911, del video captado por la cámara instalada en esa unidad. Fue así que se logró reconocer a la persona implicada en este hecho, quien posteriormente fue procesada y sentenciada a 25 años de privación de libertad.
Este es uno de los casos en el que la Fiscalía General del Estado y la entidad de vigilancia Ecu-911, trabajaron en conjunto para el efectivo intercambio de información, como parte del Convenio de Cooperación Interinstitucional que este 8 de mayo cumplió dos años de vigencia.
En la firma de este convenio participó el fiscal General del Estado, Galo Chiriboga Zambrano, con el fin de dar viabilidad a lo establecido en el Art. 471 del Código Orgánico Integral Penal, el cual indica que no requieren autorización judicial las grabaciones de audio, video o fotografía relacionadas a un hecho constitutivo de infracción.
Solo en los últimos seis meses del 2015, el acuerdo permitió que un total de 26.083 videos y audios pasaran a competencia de la Fiscalía para su análisis, a nivel nacional.
Para el fiscal César Peña, quien investigó el crimen registrado en el interior del bus, un video en el que se capta un delito flagrante, constituye un elemento de prueba fundamental para las diferentes investigaciones.
Peña explicó que cuando se amerita la explotación de las grabaciones, se lo hace para incluirlo con las otras pruebas, como la documental y testimonial.
Para tener acceso a esos archivos, los fiscales de las diferentes unidades de investigación realizan el pedido a través de la plataforma denominada Sistema Automatizado de Entrega de Información – Función Judicial (SAEI-FJ). Así, el Ecu-911 verifica la información con base a los datos proporcionados por el funcionario que lo requiere y la envía por la misma plataforma de manera inmediata.
Otro video utilizado por la Fiscalía para presentar en un juicio, fue el captado por las cámaras de vigilancia el 31 de octubre del 2016, en la Av. 9 de Octubre y Boyacá.
Para obtenerlo, la fiscal de la Unidad de Tránsito del Guayas, Karen Kinchuela Morán, a cargo de esa investigación, debió proporcionar al Ecu-911 la fecha, la hora y el sitio donde ocurrió el suceso.
En la grabación se observa el choque entre dos autos a las doce de la noche, a consecuencia del irrespeto, por parte de uno de los conductores, del semáforo que indicaba el rojo intermitente.
Las pruebas de la Fiscalía eran contundentes en contra del conductor infractor. Es por ello que se le impuso una pena de 70 días de privación de libertad y el 25% de multa del salario básico.