Fiscalía emitirá dictamen por lavado de activos en caso Banco Territorial
En la Unidad Judicial Albán Borja, en Guayaquil, se instaló la audiencia preparatoria de juicio por lavado de activos.
Guayaquil, 28 de octubre de 2015.- La audiencia preparatoria de juicio y sustentación de dictamen, que por el delito de lavado de activos se sigue en contra de Pietro Z., Raúl S., César B., Samuel S. y Patricio A., los dos primeros exdirectivos del Banco Territorial, fue instalada el pasado lunes 26 de octubre en la Unidad Judicial Penal Albán Borja, en Guayaquil.
No obstante, fue suspendida en horas de la tarde del mismo día, por el juez Henry Jaya, quien fijó su reinstalación para el próximo 9 de noviembre, a las 09:00.
En esta audiencia, el fiscal Joffre Velasco emitirá el dictamen correspondiente y anunciará las pruebas que se presentarán en la audiencia de juicio.
En la primera parte de la diligencia, el juez se encargó de valorar y evaluar los elementos de convicción que sustenta la acusación fiscal y establecer la validez procesal.
En esta parte, justamente, el juez Jaya decidió rechazar el pedido de nulidad del proceso, planteado por los implicados en este juicio.
Los abogados defensores argumentaron que la Fiscalía resolvió vincular a los procesados en la instrucción dentro de los 30 días, incurriendo supuestamente en un error, puesto que la causa inició con indagación previa en marzo de 2013, sobre la base de un informe de la Superintendencia de Bancos.
Esta indagación previa, que se realizó cuando estaba en vigencia el Código de Procedimiento Penal, y de conformidad con la disposición transitoria del Código Orgánico Integral Penal (COIP), los procesos penales, actuaciones y procedimientos de investigación que estén tramitándose cuando entre en vigencia este código, serán sustanciados de acuerdo con el procedimiento penal anterior.
Los defensores indicaron que se cometía una presunta violación expresa del COIP y al debido proceso, ya que además, el delito que se investiga estaba en vigencia con la Ley de Prevención de Lavados de Activos, pero el juez rechazó este argumento y aceptó el de la Fiscalía, es decir, que se efectuó una audiencia de formulación de cargos inicial y la de vinculación dentro del tiempo establecido en la ley, esto es no más de 120 días.
El juez declaró la validez del proceso y dio paso a la segunda parte de la audiencia en la que el fiscal solicitará al juez que dicte auto de llamamiento a juicio, a los acusados como autores y cómplices del delito contemplado en el artículo 317 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).
Este artículo dice que existe lavado de activos cuando una persona, de forma directa o indirecta, tenga, adquiera, transfiera, posea, administre, utilice, mantenga, resguarde, entregue, transporte, convierta o se beneficie de cualquier manera, de activos de origen ilícito.
De igual forma, cuando preste su nombre o el de una sociedad o empresa, de la que sea socio o accionista, para la comisión de los delitos tipificados en este artículo, entre ellos el narcotráfico, venta ilegal armas, trata de personas, sicariato, terrorismo, peculado, venta de órganos y secuestro.
El COIP, además estipula una sanción de hasta 13 años de prisión para personas involucradas en esta infracción, así como una multa equivalente al duplo del monto de los activos objetos del delito.
Este proceso judicial se inició en abril pasado, cuando la Fiscalía del Guayas inició instrucción fiscal contra Pietro Z. y Raúl S., expresidente y exgerente general del Banco Territorial, respectivamente, por el presunto delito de lavado de activos.
La entidad financiera fue intervenida en marzo de 2013 por problemas de solvencia y liquidez.
Se realizaron otras vinculaciones como la de Samuel S., representante legal de la compañía Salivam y César B. principal de la empresa Durcodor, por lo que la etapa de instrucción fiscal culminó este lunes 26 de octubre, con la respectiva audiencia preparatoria de juicio y sustentación de dictamen.
En la audiencia, el fiscal Joffre Velasco anunció algunos elementos de prueba como el informe de la resolución de la Junta Bancaria, en el que se aprobó la conformación de una comisión especial de vigilancia designada.
Esta comisión, según el escrito expuesto por el fiscal, estableció hallazgos de una auditoría que determinó indicios de infracciones penales.
Este proceso inició luego de que la Superintendencia de Bancos, remitiera a la Fiscalía un informe sobre la situación financiera de la institución.
En el documento se detallaron posibles irregularidades, que habrían ocasionado la insolvencia del Banco Territorial, ocasionando un perjuicio al Estado de más de 52 millones de dólares.