Acusados de crimen en Ambato reciben pena de 34 años 8 meses de privación de libertad

Edison Fernando Villegas Zuñiga, fiscal titular de la Fiscalía de Personas y Garantías de Tungurahua, litigio en la audiencia de juzgamiento.

Ambato, 24 de noviembre del 2016.- Con base a las pruebas presentadas por la Fiscalía, el Tribunal de Garantías Penales de Tungurahua declaró culpables a los ciudadanos  Francisco Ch., Wilfrido E., y Paulo L., por el delito de asesinato y los sentenció a 34 años 8 meses de privación de libertad.

Esta resolución se conoció en la audiencia de juzgamiento desarrollada el miércoles 23 de noviembre, en la Unidad Judicial Penal de Ambato.

En la diligencia, el Tribunal juzgó a Francisco Ch. y Wilfrido E., como autores directos del asesinato de William Ortiz. Mientras que contra Paulo L., en calidad de coautor.

El asesinato se registró el 8 de abril del 2016, en el sector de Camino Real, en Ambato. Ese día, William Ortiz se dirigía en su vehículo a un encuentro con Wilfrido E., quien estaba acompañado de Francisco Ch. y Paulo L. 

Según la investigación de la Fiscalía, momentos luego del encuentro, William Ortiz fue increpado por los tres individuos y bajo amenazas fue obligado a firmar un cheque por 6000 dólares. Una vez cobrado el dinero, la víctima fue llevada al sector de Llantatoma, donde recibió varias puñaladas.

Para demostrar la participación de los procesados y la existencia del delito, la Fiscalía presentó en la audiencia de juzgamiento varias pruebas, entre las que constan las versiones de testigos protegidos, quienes reconocieron las identidades de los tres acusados.

Adicionalmente, el Tribunal acogió el pedido de la Fiscalía de incrementar la pena impuesta a los tres sentenciados, con base en las circunstancias agravantes que establece el artículo 47 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), al ejecutar la infracción con alevosía o fraude y cometer la infracción por promesa, precio o recompensa.

Dato: 

El delito de asesinato se encuentra tipificado en el Art. 140 del COIP y se lo sanciona con una pena privativa de libertad de 22 a 26 años.