Tribunal dará el martes 24 su resolución de apelación en caso Municipio de Riobamba

 

Riobamba, 21 de febrero de 2015.- Para el martes 24 de febrero, a las 15:00, está previsto que la Corte Provincial de Justicia  de Chimborazo reinstale la audiencia y de su pronunciamiento sobre la apelación presentada por 24 de 27 sentenciados en el caso de peculado en el Municipio de Riobamba.

 

La audiencia de nulidad y apelación a la sentencia se inició la mañana del miércoles 18 de febrero. Allí se analizó el pedido de nulidad que fuera negado y en la tarde, el Tribunal, presidido por el juez Víctor Huilca, inició el debate sobre el recurso de apelación.

 

La tarde de este sábado 21 de febrero, el Tribunal terminó de escuchar a las partes procesales y pasó a deliberar su decisión, la misma que se pronunciará el próximo martes.

 

En la diligencia, el fiscal del caso, Diego Andrade, comprobó la existencia material de la infracción mediante los informes presentados por la Contraloría, peritajes contables y de reconocimiento de lugar, pericias a los sistemas informáticos del Banco Central del Ecuador y a los equipos informáticos incautados por la Fiscalía.

 

En abril del 2014, la Sala Penal de la Corte de Chimborazo sentenció a 27 personas, por considerarlas responsables del delito de peculado tras desviar 13 millones de fondos del Municipio riobambeño a cuentas particulares.

 

Entre estos constan Juan S. y Mario C., exalcalde y extesorero del Cabildo riobambeño, respectivamente. Ellos cumplen como autores una pena de ocho años de reclusión, establecida considerando atenuantes como certificados de buena conducta y otros.

 

En la audiencia de juzgamiento, el fiscal Provincial de Chimborazo, Diego Andrade, quien lleva la causa por el fuero de Corte que ostenta el exalcalde, expuso las pruebas testimoniales, documentales y materiales, mediante las cuales se demostró que los procesados  cometieron el delito de peculado.

 

Además, Fiscalía presentó los testimonios de peritos que realizaron las experticias y testigos de varias instituciones como la Contraloría General del Estado, quienes hicieron la auditoría y establecieron indicios de la responsabilidad penal.