Presunto autor del delito de estafa es llamado a juicio

BOLETÍN DE PRENSA FGE Nº 1065-DC-2024

Presunto autor del delito de estafa es llamado a juicio


Riobamba (Chimborazo), 23 de septiembre de 2024.- Fiscalía presentó suficientes elementos de convicción para que el Juez de Garantías Penales dictara auto de llamamiento a juicio contra Bryan Paúl G. S., presunto responsable del delito de estafa. Él habría vendido un terreno que no era de su propiedad, causando un perjuicio de 5.000 dólares.


Durante la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, desarrollada el pasado jueves 19 de septiembre, la Fiscal del caso sustentó su dictamen acusatorio y anunció las pruebas que incluyen: el informe de reconocimiento del lugar de los hechos, el certificado de datos de identificación, el informe de movimientos bancarios de la víctima, la denuncia de la perjudicada, entre otros.


Fiscalía abrió la investigación tras haber recibido la denuncia de la persona perjudicada, quien afirmó haber sido estafada por Bryan Paúl G. S., pues le entregó 5.000 dólares bajo la promesa de la venta de un terreno ubicado en la parroquia San Luis, en Riobamba.

El ahora procesado era representante de la agencia inmobiliaria “BIRARI INMOVILIARIA INVERMOBIRARI CIA. LTDA.”, que ofrecía el terreno, propiedad de un ciudadano que desconocía sobre la venta del mismo.


En junio de 2022, el involucrado recibió una transferencia bancaria de 5.000 dólares como adelanto del valor total de 23.000 dólares acordado para la transacción. Con el paso de los días, la afectada hizo el reclamo correspondiente por la demora, pero Bryan Paúl G. S. dejó de responder llamadas y mensajes.


Bryan Paúl G. S. contaba con medidas alternativas a la prisión preventiva, como la presentación periódica ante Fiscalía y la prohibición de salir del país. Sin embargo, al no cumplir con las presentaciones, se emitió una orden de ubicación y captura en su contra.

Información jurídica

La estafa está tipificada en el artículo 186 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y se sanciona con privación de libertad de cinco a siete años.

 

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