Perito colombiano: “Operativos policiales dirigidos por Eduardo.G. resultaron con 25 muertes violentas”

Quito, 27 de octubre del 2014.- 25 personas resultaron muertas de forma violenta en cinco operativos policiales dirigidos por el mayor de Policía, Eduardo G. y la intervención policial en la farmacia Fybeca de Guayaquil, en noviembre del 2003, se incluye en esa lista.

Así lo explicó el perito colombiano Carlos Cueto al entregar los resultados de su experticia ‘Dinámicas de actuación policial en cuanto a la elaboración de partes policiales’ ante el Tribunal Penal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), este lunes 27 de octubre, durante el sexto día de juicio a 11 procesados por la muerte de ocho personas en Fybeca de la Alborada, norte de Guayaquil.

La experticia de Cueto precisó que, tras el análisis de contenidos de 19 partes informativas policiales, redactadas entre 1984 y 2008,  se determinó que los partes policiales respecto a operaciones  anti-delincuenciales mantienen una estructura fija o un ‘modus operandi’.

Tratan de no dar cuenta de los hechos sucedidos, sino lo que conviene y no conviene decir. “La labor de inteligencia previa al operativo se repite en cada una de los partes policiales, para demostrar que la Policía no improvisa, sino que obedece a una estructura porque se ha hecho una labor de inteligencia previa al operativo”, indicó el perito.

Al ser un operativo investigado y planificado,  despliega  efectivos y armamento en contra los supuestos delincuentes y, sin embargo, según la experticia de Cueto, “el operativo aparece como algo totalmente improvisado, cuya flagrancia obliga a un desenlace fatal (las muertes violentas)”.

Una vez ejecutado el operativo, en los partes policiales se alega que en el lugar de los hechos se encuentra evidencia de armamento confiscado y se incluye  el “prontuario delictivo, estos informes están llenos de una historia delictiva grande del delincuente”, precisó Cueto.

En los cinco operativos dirigidos por el mayor Eduardo G., él firma como investigador y “los delincuentes, tras una investigación, son asesinados”, manifestó Cueto.

Por su parte, el perito ecuatoriano Arturo Donoso, quien realizó una experticia de “validación de estándares jurídicos nacionales en casos de violación a los derechos humanos”, precisó que en este caso “hay un diseño ilegal de los llamados operativos que terminan como ejecutados o desaparecidos”.

Donoso manifestó que la culpabilidad se desplaza a los mandos superiores porque ordenaron el operativo y no lo controlaron ya que requerían  resultados y por tanto no pusieron límite.  

En este sentido, solo la entrega de vehículos para el operativo da cuenta de ello. Eran autos que estaban prohibidos de utilizarse porque fueron incautados en hechos ilícitos. Antes de usarlos para el operativo en Fybeca alteraron las placas “para no ser detectados”. Y la entrega de los vehículos no podía hacerse sin el consentimiento de los superiores, evidentemente hay una estructura de mando”, acotó Donoso.

El experto también explicó que los abatidos en la farmacia Fybeca no portaban armas y las dos que había, independientes del armamento policial, no fueron disparadas, por lo tanto no hubo enfrentamiento y “no puede hablarse de exceso de la fuerza sino de ejecuciones extrajudiciales por la espalda y en el suelo”.

Donoso concluyó que la organización policial, dentro del Estado, es garante de los derechos humanos, además debe seguir las normas que van desde la Constitución y los instrumentos legales internacionales. Sin embargo, cuando los garantes de los derechos humanos los vulneran, en este caso la Policía Nacional, los tipos penales son agravados.

Con las intervenciones y conclusiones de los peritos, se refuerza la teoría que maneja la Fiscalía General del Estado.

Hasta las 16:00 del lunes 27 de octubre, sexto día de audiencia,  el fiscal General del Estado, Galo Chiriboga Zambrano, presentó 42 testimonios de peritos y víctimas. Además, incorporó la prueba documental para sustentar lo intervenido hasta este día.

El juicio ‘Las Dolores’, que se sigue en contra de 11 personas (otros siete están prófugos) por asesinato, bajo la modalidad de ejecución extrajudicial, constitutiva en una grave violación a los derechos humanos.