UNIDAD NACIONAL PARA LA INVESTIGACIÓN PATRIMONIAL SOBRE EXTINCIÓN DE DOMINIO


Unidad Nacional para la Investigación Patrimonial sobre Extinción de Dominio

Esta Unidad –con ámbito nacional– actúa como órgano ejecutor de la Ley Orgánica de Extinción de Dominio, en aquello que corresponda a la Fiscalía General del Estado.

Esta Unidad –de ser el caso– inicia una investigación patrimonial cuando existan sentencias condenatorias ejecutoriadas en delitos (tipificados en el Código Orgánico Integral Penal) como: concusión, cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, producción, comercialización o tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, tráfico ilícito de personas, trata, extorsión, usura y otros, cometidos como parte del accionar u operatividad de la delincuencia organizada.

Las atribuciones asignadas son:

  • a) Identificar y localizar los bienes que cumplan las condiciones previstas en la Ley.
  • b) Identificar y recolectar los elementos de convicción o probatorios sobre la existencia de una condición para la extinción de dominio previsto en la Ley.
  • c) Identificar los posibles titulares de derechos patrimoniales.
  • d) Establecer vínculos entre los titulares de los derechos patrimoniales y las condiciones para la extinción de dominio previstas en la Ley.
  • e) Conocer los casos por denuncia, parte policial, informe o de oficio que se registrarán y tramitarán en el Sistema Integrado de Actuaciones Fiscales (SIAF).
  • f) Investigar –de conformidad con la Ley– los bienes susceptibles de valoración económica que son objeto de extinción de dominio: muebles e inmuebles y partes integrantes, accesorios, frutos y productos de esos bienes, dinero, activos de cualquier tipo, corporales o incorporales, sujetos a registro o no, así como acciones, títulos, valores, derechos fiduciarios y cuentas del sistema financiero, o aquellos sobre los cuales pueda recaer un derecho de contenido patrimonial.


Marco jurídico

La Ley Orgánica de Extinción de Dominio tiene por objeto regular la extinción de dominio de los bienes de origen ilícito o injustificado, o destino ilícito a favor del Estado.