mayo 13, 2014
La audiencia de juzgamiento en caso Escastel se reinstalará la próxima semana
Quito, 13 de mayo del 2014.- La audiencia de juzgamiento en contra de los procesados B.E. y R.M., accionistas de la compañía Escastel, por presunta responsabilidad en el delito de lavado de activos fue suspendida, tras receptar las versiones de 23 testigos. El Tribunal Séptimo de Garantías Penales, presidido por el magistrado Luis Fuentes, indicó que se reinstalará la próxima semana, una vez que se solicite fecha y hora.
Los procesados B.E., y R.M asistieron a la diligencia de ayer, 12 de mayo, mientras que S.S., P.S., S.M., W.C. y A.C. se encuentran prófugos. Todos eran socios de las denominadas ‘empresas de papel’ o realizaban exportaciones a Venezuela.
El fiscal Ramiro Sánchez expuso la prueba documental que consta de informes de la Unidad de Análisis Financiero, del Servicio Nacional de Aduanas (SNA), de la Superintendencia de Compañía, (SP) del Servicio de Rentas Internas (SRI) y de las transferencias realizadas a través del Banco Central del Ecuador (BCE) e instituciones financieras del país a donde se depositaban los recursos antes de ser enviados al exterior.
Según el informe de la Superintendencia de Compañías (SP), en los registros contables del 2011, la empresa Escastel tuvo 800 dólares en activos, mientras que en el 2012 los mismos activos ascendieron a ocho millones de dólares y sus ingresos subieron a diez millones de dólares.
En la investigación de la Fiscalía se determinó que tres empresas vinculadas, supuestamente, exportaban hacia Venezuela procesadoras de alimentos y verduras mediante el Sistema Único de Compensación Regional (Sucre).
“Por estas transacciones generaron giros de hasta 15 millones desde Venezuela hacia Ecuador, mientras sus registros contables solo justificaron un millón de dólares en los tres años de ejercicio contable”, explicó el fiscal.
El sistema que utilizaba la compañía era la sobrevaloración de los bienes que exportaba a Venezuela bajo el sistema de Sucre. Con la intención de justificar el costo de dichos bienes, se incrementaron los precios y gastos reales, para lo cual se emitían facturas a nombre de personas naturales que eran reclutadas para que se registren en el Servicio de Rentas Internas (SRI) y cuyos nombres solo eran utilizados por dos meses. Estos recursos ingresaban a un sistema de lavado de activos.
La última etapa del lavado de activos consistía en remitir el dinero al exterior a empresas que no estaban registradas en la base de proveedores o clientes.