mayo 6, 2014
Audiencia de juzgamiento por presunto lavado de activos se reinstalará el próximo lunes
Quito, 6 de mayo de 2014.- El Tribunal Séptimo de Garantías Penales de Pichincha suspendió la audiencia de juzgamiento contra dos procesados, accionistas de la compañía Escastel, por su presunta responsabilidad en el delito de lavado de activos.
La diligencia se reinstalará el próximo lunes 12 de mayo, a las 08:30. El fiscal Ramiro Sánchez, en su exposición de la teoría del caso, expresó que Escastel es una empresa que se habría constituido con 400 dólares y en un breve período, su capital se incrementó a 20.000 dólares.
En el 2012 y 2013 se disparó su situación económica y obtuvo utilidades equivalentes a 200 veces más de las alcanzadas anteriormente, circunstancia que es considerada irreal en cualquier empresa que se dedique a actividades legítimas.
A decir del fiscal, la compañía ideó un sistema fraudulento, a través de operaciones de comercio exterior, mediante las cuales exportaban despulpadoras, sistemas de riego, desgranadoras de maíz, descascarilladoras, entre otros. Estos bienes estaban sobrevalorados ya que costaban 70 veces más del precio real.
Con la intención de justificar el costo de dichos bienes, se incrementaron los precios y gastos reales, para lo cual se adquirían facturas falsas. También se establecieron servicios inexistentes utilizando a personas de escasos recursos económicos domiciliadas en Guayaquil, a quienes las hacían aparecer como proveedores por varios cientos miles de dólares.
Según la Fiscalía, una vez obtenido los recursos, estos ingresaban en un proceso de lavado de activos. Es decir, el dinero que entraba desde Venezuela, a través del SUCRE (Sistema Unitario de Compensación Regional de Pago), era colocado en diferentes instituciones financieras para luego ser utilizado en supuestos pagos a proveedores, préstamos a accionistas y en la adquisición de bienes y vehículos de lujo.
La última etapa del lavado de activos consistía en remitir el dinero al exterior, principalmente a empresas domiciliadas en paraísos fiscales, sin que exista ninguna razón económica o financiera para hacerlo.
En el primer día de audiencia, la Fiscalía presentó los testimonios de funcionarios de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), del Sistema de Rentas Internas (SRI), de la Superintendencia de Compañías y del Banco Central.
Dato:
En este caso dos personas tienen prisión preventiva. 5 están prófugas (2 son ecuatorianas y 3 extranjeras).