mayo 6, 2014
Corte Constitucional admite a consulta el caso de ataque a familia en aislamiento voluntario
Quito, 6 de mayo del 2014.- La Sala de Admisión de la Corte Constitucional (CC) avocó conocimiento de la consulta sobre el caso del ataque y muerte de integrantes de familias en aislamiento voluntario, ocurrido en la provincia de Orellana, el 30 de marzo del 2013.
A pedido de la Fiscalía General del Estado, el juez de Garantías Penales de Orellana, Álvaro Guerrero, remitió la consulta a la CC sobre la aplicabilidad de una posible pena a los procesados por su presunta participación en delito de genocidio.
Hasta la fecha (6 de mayo del 2013) son 17 inculpados, seis de los cuales se encuentran con prisión preventiva en el Centro de Rehabilitación Social de Sucumbíos, bajo un régimen especial de visitar, alimentación y más.
Durante la audiencia del 25 de marzo del 2014, la Fiscalía solicitó ante el Juez Segundo de Garantías Penales de Orellana que consulte ante la CC por considerar que existiría una inconstitucionalidad de ley con relación a la sanción establecida en el Código Penal para la comisión del delito de genocidio.
El Código Penal, en el capítulo relativo a los delitos de genocidio y etnocidio, establece que la pena será de 16 a 25 años de reclusión mayor extraordinaria.
El fiscal General, Galo Chiriboga Zambrano, dijo que esa sanción que, en el caso de aplicarse sin el debido análisis, no cumpliría con la obligación de considerar que los procesados pertenecen a una nacionalidad indígena. Es decir, que se debería observar elementos culturales relacionados con sus costumbres y prácticas ancestrales (interpretación intercultural).
Mediante resolución del 14 de abril pasado, el juez de Garantías Penales de Orellana, Álvaro Guerrero, emitió y envió el texto de la consulta a la CC.
En el documento, Guerrero indica que llegó “a la conclusión de que existen motivos suficientes para generar una duda razonable y motivada respecto de la constitucionalidad de la aplicación en el presente caso…”.
Ahora, la Corte Constitucional, mediante un sorteo, designará a uno de sus jueces para la sustentación de la causa.
El Juez Constitucional escogido podrá invitar a entidades públicas, universidades, organizaciones privadas y a expertos en las materias relacionadas con el tema del proceso, para que presenten informes técnicos. También puede recibir propuestas de diferentes organizaciones, antropólogos y más expertos para contar con los elementos jurídicos, culturales, antropológicos y en derechos humanos que le permitan recomendar una medida de solución al caso.
El Dato:
La Corte Constitucional debe pronunciarse sobre la aplicabilidad de la pena, que en este caso sería de 16 a 25 años, como establece el 441 del Código Penal.
La cronología:
05-04-2013 Inicio de indagación previa de oficio. Visita de las organizaciones NAWE-ONWO y AMWAE a la Fiscalía General del Estado.
07-05-2013 Fiscalía comienza el peritaje de antropología cultural y jurídica. Toma de versiones a especialistas, funcionarios y dirigencia waorani.
11-2013 Se inicia la instrucción fiscal. Diligencia de reconocimiento del lugar de los hechos.
01/02-2014 Se atienden las solicitudes de recursos interpuestos por los defensores de las personas procesadas.
02/2014 Formulación preliminar del protocolo especializado de protección a niña, en coordinación con Baameno Ome Gompote
25-03-2014 El Juez de la Causa acepta el pedido de la Fiscalía de elevar a consulta a la Corte Constitucional para dilucidar la posible inconstitucionalidad en la aplicación de una posible pena para los procesados.
31-03-2014 La Corte Interamericana de Derechos Humanos decidió desestimar la solicitud de medidas provisionales interpuestas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a favor de las dos niñas pertenecientes a una familia en aislamiento voluntario.
14-04-2014 El juez de la causa, Álvaro Guerrero, dispuso remitir el texto de la consulta a la Corte Constitucional.
16-04-2014 La Corte Constitucional recibe el texto de la consulta.
02-05-2014 La Sala de Admisión de la Corte Constitucional avoca conocimiento de la consulta presentada por el juez de Garantías Penales de Orellana, Álvaro Guerrero.