abril 8, 2014
Cinco personas llamadas a juicio por presunta participación en delito de trata de personas
El juez Sexto de Garantías Penales de Pichincha, Jaime Bayas, llamó a juicio a cinco personas por su presunta participación en delito de trata de personas con fines de explotación laboral. Los procesados son expropietarios y exempleados de una clínica clandestina para rehabilitación de adicciones.
La resolución judicial se dio con base en el dictamen acusatorio de la fiscal Thania Moreno, quien en la audiencia de llamamiento a juicio, que se realizó la tarde del lunes 7 de abril del 2014, acusó a C.L., B.F., M.C., J.I. y C.E, como autores del delito. Se abstuvo de acusar a F.G y H.M.
La Fiscal presentó como pruebas las versiones de pacientes, quienes afirmaron que eran obligados a realizar tareas de faenamiento de porcinos y en una bloquera, actividades a la que se dedicaban los dueños de la clínica.
Estos trabajos eran realizados por los pacientes bajo amenazas, torturas y la vigilancia de los empleados de confianza de los propietarios del lugar, como parte de la supuesta terapia de rehabilitación. Además, estaban obligados a efectuar las tareas de limpieza del centro y a preparar sus alimentos.
Como evidencias se encontraron cables de luz y antenas, que serían los objetos que utilizaban para torturar a los jóvenes y adolescentes que padecían de adicciones de alcohol o drogas.
Las investigaciones de la Fiscalía también establecieron que la mayoría de los pacientes que fueron rescatados de la clínica clandestina no estaba por voluntad propia. Ellos eran reclutados por los personeros de la clínica y, posteriormente, les obligaban a dar los datos de sus familiares para exigirles que les entreguen víveres a cambio de la rehabilitación.
El centro clandestino no reunía los requisitos mínimos de limpieza ni adecuaciones para su funcionamiento. Por lo que el 7 de noviembre del 2013, la Fiscalía y autoridades del Ministerio de Salud realizaron un operativo de allanamiento. Allí clausuraron el sitio clandestino y rescataron a 17 personas, entre ellos dos menores de edad.
La fiscal Moreno ratificó que, en este caso, se vulneraron los derechos de estas personas, ya que fueron torturadas y obligadas a realizar tareas sin percibir ninguna remuneración. Por lo que acusó a los cinco en grado de autores del delito de trata de personas con fines de explotación laboral, según el Art. 190.2 del Código Penal vigente.
Ante el dictamen abstentivo de la Fiscal en contra de F.G y H.M., el Juez dictó sobreseimiento provisional.
El dato:
La clínica estaba ubicada en la cooperativa Tiwintza, en el barrio Pisulí, norte de Quito.