A juicio por presunta prostitución forzada de su conviviente

BOLETÍN DE PRENSA FGE Nº 346-DC-2022

A juicio por presunta prostitución forzada de su conviviente

Guayaquil (Guayas), 12 de mayo de 2022.- Acogiendo los elementos de convicción presentados por la Fiscalía General del Estado, la jueza Gianella Noritz dictó auto de llamamiento a juicio contra Josué Bruno J. P., por su presunta participación en el delito de prostitución forzada, cometido en contra de su conviviente.

En la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, realizada en la Unidad Judicial Albán Borja, el fiscal de la Unidad de Delincuencia Organizada, Patricio Pineda Maza, presentó el informe investigativo policial, la pericia sicológica, el testimonio anticipado de la víctima, los informes de valoración médica y proctológica realizados a la mujer, las versiones de los agentes aprehensores y guardias de seguridad de la Terminal Terrestre de Guayaquil, el informe de reconocimiento del lugar de los hechos, entre otros.

La Jueza, acogió el pedido de la Fiscalía y llamó a juicio al procesado, a quien se ratificó la medida de prisión preventiva. Además, se emitieron medidas de protección a la víctima.

El fiscal informó que el 20 de marzo de 2022, en la Terminal Terrestre de Guayaquil, una mujer solicitó auxilio a los guardias de seguridad y a policías que cubren el sector, acusó a su conviviente de forzarla a prostituirse, llevándola a cometer la acción a cantones de las provincias de Guayas, Santa Elena y Cañar.

Según la víctima, ese día se aprestaban a trasladarse al cantón Salinas, en Santa Elena, a un lugar de diversión nocturna. El sujeto pretendía mantenerla recluida durante varios días y posteriormente trasladarla a otro cantón.

Efectivos policiales detuvieron a Josué Bruno J. P. y lo trasladaron a la Unidad de Flagrancia del Cuartel Modelo para ponerlo a órdenes de las autoridades judiciales.

Información jurídica:

Josué Bruno J. P., fue procesado con base en lo dispuesto en el artículo 101, numeral 2, del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona al delito de prostitución forzada con pena privativa de libertad de trece a dieciséis años.

 

 

 

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