Representante legal de importadora es procesado por presunto tráfico de drogas
BOLETÍN DE PRENSA FGE Nº 169-DC-2022
Guayaquil (Guayas), 07 de marzo de 2022.- Una persona fue procesada –y quedó con prisión preventiva– tras haber sido detenida al interior del Puerto de Aguas Profundas de Posorja, en el cantón Playas, luego de que personal de la Unidad de Puertos y Aeropuertos (UIPA), de la Policía Antinarcóticos, detectara un cargamento de dos toneladas de cocaína embaladas, cuyo destino final sería la ciudad de Amsterdam, en Holanda.
En la audiencia de flagrancia, llevada a cabo la mañana del sábado 5 de marzo en la Unidad Multicompetente del cantón Playas (por ser jurisdicción), el fiscal Segundo Arechúa presentó entre los elementos de convicción: el parte de aprehensión elaborado por la Policía Antinarcóticos, la prueba de identificación preliminar homologada y el acta de verificación y pesaje de la droga, el certificado laboral del ahora procesado y su versión. Todo fue ingresado en cadena de custodia del Centro de Acopio Temporal de la Jefatura de Investigación Antidrogas de la Zona 8, en la provincia del Guayas.
El juez de Garantías Penales, Omar Demera Valencia, acogió el pedido de Fiscalía y dictó prisión preventiva para Jordy Alfonso G. R.
La instrucción fiscal durará treinta días.
Contexto
La mañana del viernes 4 de marzo, personal de la Unidad de Inteligencia Antinarcóticos –con ayuda del can «Noak», que alertó a los agentes tras un breve recorrido de inspección– halló dos toneladas de cocaína, distribuidas en 2.000 paquetes rectangulares embalados en cinta adhesiva color café, al interior de cajas de bananos de exportación.
La droga se encontraba en un contenedor refrigerado, listo para ser embarcado en un buque carguero, que tenía como destino final Holanda.
El ahora procesado se encontraba en el sitio donde fue descubierta la droga y se identificó como representante legal de la empresa exportadora de fruta. Fue aprehendido y trasladado a la Unidad Policial de este cantón.
Información jurídica
Fiscalía proceso este caso con base en el artículo 220, numeral 1, literal d (gran escala), del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona la posesión, distribución, tenencia, transporte y venta de sustancias sujetas a fiscalización con pena privativa de libertad de diez a trece años.
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