Fiscalía procesó a funcionario de ACESS por presunto enriquecimiento ilícito
BOLETÍN DE PRENSA FGE Nº 087-DC-2022
Guayaquil (Guayas), 03 de febrero de 2022.- La Fiscalía procesó a Alberto Xavier C. V., funcionario de la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada (ACESS), por presunto delito de enriquecimiento ilícito, tras ser detenido en un allanamiento realizado a su domicilio, en una urbanización privada en el sector de Los Ceibos, al norte de Guayaquil, la madrugada del miércoles 2 de febrero.
En audiencia de flagrancia y formulación de cargos realizada la madrugada de este jueves, en la Unidad Judicial Cuartel Modelo, el fiscal Danny Vizueta Prado presentó los elementos de convicción recaudados en este proceso, que determinaron una presunta participación del procesado en el hecho investigado.
Entre estos elementos consta el dinero encontrado en el allanamiento al domicilio (217.150 dólares en efectivo), el informe de inspección ocular técnica, el reconocimiento del lugar de los hechos, la versión del agente aprehensor y parte investigativo, certificación laboral del procesado como servidor público, entre otros.
El juez de Garantías Penales, Marcos Guerra, no acogió el pedido de prisión preventiva solicitado por la Fiscalía y dispuso medidas de arresto domiciliario, prohibición de salida del país y uso de dispositivo de vigilancia electrónica.
Durante el allanamiento a la vivienda del procesado se logró incautar, además del dinero, artículos de joyería y documentación del caso.
Según denuncia presentada por el Director de ACESS, existirían presuntos actos de corrupción, denunciados por usuarios que habrían sido extorsionados con grandes sumas de dinero para evitar el cierre de consultorios médicos.
El ciudadano Alberto Xavier C. V., no pudo justificar el origen ni la procedencia del dinero por lo que fue detenido y trasladado a la Unidad de Flagrancia Cuartel Modelo y puesto a órdenes de las autoridades judiciales.
Información jurídica:
La Fiscalía procesó este caso con base en lo dispuesto en el artículo 279, inciso 1, del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona el delito de enriquecimiento ilícito con pena privativa de libertad de siete a diez años.
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