Tribunal ratificó llamamiento a juicio contra veedores de los contratos de Fabricio Correa

Quito, 05 de febrero del 2014.- El llamamiento a juicio en contra de los cuatro veedores que investigaron los supuestos contratos entre empresas vinculadas a Fabricio Correa con el Estado fue ratificado por la jueza provincial, Mónica Bravo, en la audiencia de nulidad realizada el 05 de febrero del 2014. Con esta decisión de la magistrada, continua el proceso penal en contra de los veedores ciudadanos  P.Ch., J.Q, G.P, y V.H.H, investigados por el presunto delito de perjurio, por haber dicho, en su informe entregado a la Contraloría, que el presidente de la República Rafael Correa  sí conocía de los contratos de su hermano Fabricio Correa con entidades estatales.

La fiscal, Ana María Crespo  explicó que, en el pedido de nulidad del auto de llamamiento a juicio, la exclusión de la prueba  procesal no procede, debido a que Ramiro Román, abogado de la defensa, no pidió exclusión de la prueba en la audiencia  preparatoria de juicio.

Además, el informe entregado en Contraloría – tiene datos falsos, porque está  basado en referencias,  como declaraciones en  medios de comunicación, y no se sustenta en un hecho objetivo y  real que sustente el pedido. Además este informe fue dirigido a  una autoridad pública por lo que se ratifica la acusación de falso testimonio, señaló la fiscal. 

El Tribunal estuvo conformado por los jueces: Mónica Bravo, Pablo Almeida y Silvia Sánchez.

El expediente del caso pasará a uno de los nueve tribunales de Pichincha, cuyos jueces deberán notificar a las partes procesales la fecha de la audiencia de juzgamiento.

Datos:

• En Julio del 2009 El Consejo de Participación Ciudadana convocó a la ciudadanía para conformar la veeduría. Mediante un sorteo público se conformó la veeduría con 10 ciudadanos, entre los que se eligió a P.Ch., como su coordinador. 

• En marzo del 2010, casi un año después de que se iniciara la indagación de los veedores, el presidente Correa entabló una demanda en contra de los cuatro comisionados, por el supuesto delito de atentar contra la fe pública.