Fiscal General expone la experiencia institucional adquirida con los procesos abiertos en el contexto de la emergencia por Covid-19

BOLETÍN DE PRENSA FGE Nº 860-DC-2020

Fiscal General expone la experiencia institucional adquirida con los procesos abiertos en el contexto de la emergencia por Covid-19

Quito (Pichincha), 30 de septiembre de 2020.- La fiscal general del Estado, Diana Salazar Méndez, participó en el seminario internacional “Fraude y corrupción en tiempos de crisis”, organizado por el Banco Mundial, en el que también participaron representantes de esa entidad, del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), de la Organización de las Naciones Unidas, Banco Interamericano de Desarrollo, Iniciativa StAR, Servicio Nacional de Contratación Pública, Unidad de Análisis Financiero y Económico, Contraloría, entre otras organizaciones nacionales y extranjeras.

Durante su exposición sobre “Fraude y corrupción en tiempos de COVID-19”, la titular de la Institución destacó que “el combate a la corrupción, como un fenómeno social estructural, es una responsabilidad del Estado en su conjunto” y precisó que “durante el estado de emergencia por la pandemia, gran cantidad de casos de corrupción en el sistema de salud empezaron a ser denunciados, razón por la cual se constituyó la Fuerza de Tarea Multidisciplinaria, que tiene como objetivo investigar, de forma coordinada, los delitos contra la eficiente administración pública suscitados durante este periodo”.

En ese contexto, apuntó que, a pesar de los problemas desencadenados por la emergencia sanitaria y el estado de excepción, Fiscalía –a través de la Fuerza de Tarea– ha abierto 120 procesos por delitos derivados de la corrupción, principalmente por la adquisición de insumos médicos. De estos, 109 se encuentran en investigación previa y 11 avanzaron a instrucción fiscal; 380 personas son investigadas, 85 procesadas y 55 detenidas.

Además, la fiscal Salazar reflexionó sobre la necesidad de unificar criterios en torno a la imposición de medidas cautelares por parte de los jueces: “constatamos que en los delitos de cuello blanco, la aplicación de la prisión preventiva se da solo en un 20% de los casos, mientras que para los delitos comunes en un 49%. Esto tiene directa relación con el alto porcentaje de fuga y, con ello, de impunidad”.

Al finalizar su intervención, hizo un llamado a mantener y mejorar la cooperación interinstitucional e internacional, para avanzar de manera efectiva en las investigaciones, al tiempo que reiteró la necesidad de una verdadera autonomía institucional “para fortalecer las capacidades y competencias de la Fiscalía, con miras a mejorar los procesos de investigación y servicio a la ciudadanía”, concluyó.

 

 

 

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