CASO DIACELEC

Delito: lavado de activos.


Este caso se deriva de uno de los procesos abiertos tras el caso Odebrecht, en el que fue sentenciado el exvicepresidente Jorge G., y en el que también está involucrado Édgar A. Luego de que se conociera la condena, la Fiscalía inició de oficio la investigación previa por el caso denominado ‘Diacelec’.


La Fiscalía procesa a Édgar A., su esposa Elvira I., su hijo José Luis A.; sus colaboradores Juan B., Gladis A., Miriam C. y las personas jurídicas Diacelec S.A. y Conacero S.A., por el presunto delito de lavado de activos, habrían perjudicado al Estado ecuatoriano por un monto de 14’602.238,49 dólares.


Entre los años 2010 y 2016, Édgar A., único accionista y beneficiario final de la compañía Columbia Management INC, domiciliada en Panamá, habría recibido transferencias de cuentas de empresas controladas por la constructora Odebrecht, para el pago de sobornos o coimas.


Columbia Management INC habría transferido y girado cheques desde sus cuentas bancarias en Produbank Panamá y Banco Bolivariano Panamá, cuyas firmas autorizadas eran las de los procesados Elvira I. y José A., a favor de Édgar A., Juan B. y de las empresas mencionadas.


Además, existirían dos cuentas bancarias que Diacelec S.A. no registró en la contabilidad, a través de las cuales se habría pagado el servicio de camiones blindados, en cuyo interior se habría transportado dinero en efectivo (aproximadamente 9.7 millones de dólares), que habría sido entregado en las oficinas de Diacelec S. A. y de Odebrecht.


Asimismo, bajo esta modalidad, Elvira I., Gladys A. y Juan B. habrían recibido dinero proveniente de las cuentas de Diacelec S. A.

2017
22 de junio de 2017

Fiscalía procesa a Édgar A., gerente de la empresa Diacelec S.A., por el delito de asociación ilícita. Registró ventas a Odebrecht por 58 millones de dólares. Diacelec fue señalada por supuestamente haber entregado dinero a Ricardo R., tío del exvicepresidente Jorge G. Édgar A. se entregó voluntariamente y tiene arresto domiciliario. Se determina que la instrucción fiscal dure noventa días.

2018
9 de enero de 2018

La Fiscal Ivonne Proaño presentara los elementos de convicción recabados en las investigaciones, formuló cargos en contra de Édgar A., Elvira I., José A., Juan B. y Miriam C. La Jueza Paola Campaña dicta prisión preventiva y dispone la incautación de sus bienes inmuebles y la retención de sus cuentas. Los procesados habrían utilizado a las compañías Diacelec S. A. y Conacero S. A. para cometer el delito de lavado de activos.

12 de enero de 2018

Jueza Paola Campaña acogió el pedido de la Unidad de Lavado de Activos de la Fiscalía General del Estado y dictó prisión preventiva en contra de Édgar A., Elvira I., José A., Juan B., Miriam C., y las personas jurídicas Diacelec S. A. y Conacero S. A., se ejecutaron allanamientos a siete inmuebles ubicados en Quito.

15 de febrero de 2018

Con base en los elementos de convicción presentados por Fiscalía, el empresario Édgar A., cinco personas más y las personas jurídicas Diacelec S. A. y Conacero S. A. fueron llamados a juicio, por presuntamente perjudicar al Estado por un valor que superaría los 14 millones de dólares.

01 de marzo de 2018

El Tribunal de Alzada de la Corte Provincial de Pichincha, presidido por el Dr. Fabián Fabara, acoge el pedido de la defensa y revoca la prisión preventiva de José A., Elvira I., Juan B., y Miriam C., emitida por la jueza Paola Campaña, el 9 de enero de 2018.

2019
08 de julio de 2019

En el Complejo Judicial Norte se instala la audiencia de juzgamiento por el presunto delito de lavado de activos en contra de Édgar A., cinco personas más y las personas jurídicas Diacelec S. A. y Conacero S. A..

24 de julio de 2019

Han transcurrido seis días de la audiencia de juicio (instaladas en diversas fechas), en los que se presentaron alrededor de veinticinco testimonios, además de pruebas periciales, como la extracción de información de dispositivos electrónicos, una pericia documentológica y una contable, en contra de los procesados. A esto se sumaron las pruebas documentales.

05 de septiembre de 2019

Antes de la reinstalación de la audiencia de juzgamiento, el Tribunal de Garantías Penales, conformado por los jueces Pablo Coello, María Mercedes Suárez y Wilson Caiza, se excusó de seguir conociendo la causa. Los jueces indicaron que el Consejo de la Judicatura les notificó sobre el inicio de un sumario administrativo, luego de que la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) pusiera una queja en su contra, porque al inicio de la audiencia de juzgamiento, el 8 de julio, declararon abandonada la acusación particular, a pesar de que los procuradores judiciales de esa institución estuvieron presentes.

El Tribunal consideró que se ha vulnerado el principio de imparcialidad que debe regir en la actuación de los jueces y juezas del país, por lo que informaron sobre su excusa.

22 de noviembre de 2019

En el octavo día de la audiencia de juicio, Fiscalía concluyó con la presentación de la prueba testimonial.

En el transcurso de la audiencia de juzgamiento, la fiscal Ivonne Proaño, de la Unidad Antilavado de Activos de la Fiscalía General del Estado, presentó cuarenta y seis testigos, entre peritos, empleados bancarios, extrabajadores de Odebrecht, servidores y exservidores de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), del Servicio de Rentas Internas (SRI), trabajadores de Diacelec y Conacero, y auditores externos.

26 de noviembre de 2019

Sesenta y tres pruebas documentales presentó la Fiscalía en el noveno día de audiencia. La fiscal Ivonne Proaño, de la Unidad Antilavado de Activos de la FGE, uno a uno, detalló los documentos recabados durante la investigación de este caso.

Mencionó varios oficios del Servicio de Rentas Internas (SRI) que contienen información tributaria de los procesados. Además, presentó documentación del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), de la Superintendencia de Compañías, del Registro de la Propiedad, de la Agencia Nacional de Tránsito y del Ministerio del Interior, entre otras instituciones públicas. Otra de las pruebas fue la copia certificada de la sentencia dictada, en enero de 2018, contra Édgar A. como autor del delito de asociación ilícita y la ratificación de este fallo en segunda instancia.

También presentó documentos bancarios que certifican el traslado de dinero en efectivo, a través del servicio de carros blindados, autorizados por Elvira I. desde la cuenta de Diacelec a las oficinas de Odebrecht en Quito y Guayaquil; y se refirió a tres asistencias penales internacionales solicitadas a Panamá.

13 de diciembre de 2019

La defensa de los procesados concluyó con la presentación de su prueba de descargo.

2020
12 de febrero de 2020

El Tribunal de Garantías Penales de Pichincha sentenció a siete años de prisión al empresario Édgar A., como autor directo, y a Juan B. y Gladis A., como coautores del delito de lavado de activos. También deberán cancelar una multa de 29’204.476 dólares.

Mientras que, para las dos personas jurídicas, las empresas Diacelec y Conacero, se resolvió su disolución y liquidación de sus bienes.

En el caso de los ciudadanos José Luis A., Elvira I. y Miriam C., se ratificó su estado de inocencia. Sin embargo, cabe resaltar que Elvira I. obtuvo un voto salvado, en cuanto a su responsabilidad y participación en el cometimiento del delito.

En el alegato de clausura, la fiscal Ivonne Proaño, de la Unidad Antilavado de Activos de Fiscalía, indicó que, durante la audiencia de juzgamiento, a través de las pruebas expuestas, se demostró la materialidad del delito y la participación de los procesados, que ocasionaron un perjuicio al Estado de 14’602.238,49 dólares.

Casos de Connotación