Exvicepresidenta de la República, sentenciada a un año de prisión
BOLETÍN DE PRENSA FGE Nº 105-DC-2020
Quito (Pichincha), 30 de enero de 2020.- Luego de valorar las pruebas presentadas por Fiscalía, el Tribunal de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia sentenció a María Alejandra V., exvicepresidenta de la República, a la pena atenuada de un año de prisión, como autora del delito de concusión, por exigir ilícitamente contribuciones a sus excolaboradores.
La sentencia también contempla el pago de una indemnización por 173.180,16 dólares y el comiso de un bien inmueble en el cantón Guayaquil. Además, el fallo debe ser publicado en 3tres diarios de circulación nacional.
Esta es la resolución que dio a conocer, la tarde de este jueves 30 de enero, el Tribunal conformado por los jueces nacionales Marco Rodríguez, Daniella Camacho y Wilman Terán.
A decir de los jueces, a través de las pruebas presentadas por Fiscalía en la audiencia de juzgamiento, se demostró que durante el período 2011-2016, cuando maría Alejandra V. se desempeñaba como legisladora –abusando de su cargo– exigió y recibió dinero de su excolaborador Ángel S., a cambio de proporcionarle estabilidad laboral en la Asamblea Nacional.
Asimismo, Fiscalía probó que María Alejandra V. recibió transferencias bancarias de sus tres asesores, Ángel S., Karla O. y Diego R., por 43.295,04 dólares.
Estas aportaciones mensuales solicitadas a sus excolaboradores, que no fueron voluntarias, se destinaron al financiamiento del movimiento Alianza Bolivariana Alfarista (ABA).
El Juez ponente indicó que bajo ningún concepto, la procesada debía proporcionar sus cuentas bancarias a sus colaboradores cercanos para que le transfieran dinero. “Al dar sus cuentas y recibir contribuciones, incurrió en exigencias ilícitas, adecuando su conducta al delito de concusión, tipificado en el artículo 264, inciso primero, del Código Penal”, dijo el Magistrado.
La procesada, María Alejandra V., ejecutó actos que contrarían la Ley y trasgredió los principios que deben regir la actuación de los servidores públicos, según lo determina la Constitución de la República del Ecuador.
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