Fiscal General demostró transparencia en el caso Palo Azul
Quito, 04 de mayo del 2012.- Galo Chiriboga Zambrano, fiscal general del Estado, aseguró que no autorizó ni firmó el contrato con la empresa Gaffney & Cline que realizó el estudio técnico para determinar la unificación del campo Palo Azul.
Esta era una de las razones para que ciertos medios de comunicación aseguraran que el fiscal Chiriboga no debía conocer el caso Palo Azul y mucho menos, solicitar su nulidad.
Así lo comprobó en entrevista con Alfredo Pinoargote en Ecuavisa, al mostrar el contrato firmado entre la empresa y el gerente de Petroamazonas, Wilson Pástor, en ese entonces.
El primer adéndum fue suscrito el 16 de octubre del 2008 y el segundo fue firmado el 21 de noviembre del mismo año. Sin embargo, Galo Chiriboga dejó de ser ministro de Minas y Petróleos el 8 de octubre del 2008.
Asimismo, aclaró que en esa época, el directorio que autorizó la contratación no estaba presidido por Chiriboga Zambrano, ministro en ese período.
“Con esto le demuestro que yo no firmé esos contratos”, señaló Chiriboga quien se comprometió entregar la documentación al entrevistador. Porque estoy seguro que usted está mal informado y lamentablemente desinforma a los ciudadanos”, aseguró.
Chiriboga Zambrano corrigió a Pinoargote en cuanto a las razones por las cuales la jueza Lucy Blacio desestimó la causa, pues la magistrada estableció que en el proceso hay tres informes donde los peritos dispusieron que Palo Azul es unificado: Un informe de Petroecuador; otro de Gaffney & Cline y un tercer informe del Instituto Francés de Petróleos. Estos entes técnicos le informaron al Estado que ese campo era unificado.
“No es que no hubo informe previo de responsabilidad penal, lo que aplica aquí es que la motivación por la cual se reabrió este caso es insuficiente”, precisó Chiriboga Zambrano.
El Fiscal General explicó que entre las causas que lo impulsaron a pedir la desestimación de este caso están que el tema fue informado y analizado por la Contraloría que estableció, en dos informes, que no había indicios de responsabilidad penal ni otra irregularidad, ni siquiera se confirmaron indicios de daño patrimonial al Estado.
El 30 de abril del 2012 la jueza Lucy Blacio anuló el proceso Palo Azul y resolvió el pago de “costas”. Entre los afectados por este auto estarían el ex fiscal General del Estado, Washington Pesántez; el ex fiscal Subrogante, Alfredo Alvear; así como los jueces Luis Quiroz, Luis Abarca y Hernán Ulloa, quienes admitieron a trámite este proceso, calificado nulo por los vicios de procedibilidad.