Fiscal Galo Chiriboga pidió sentencia final en caso Filanbanco
En audiencia de estrados que duró cerca de seis horas, Galo Chiriboga Zambrano, fiscal General del Estado, solicitó al juez Wilson Merino, presidente de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), la pronta sentencia para los procesados en el caso Filanbanco, entre ellos los hermanos Willian y Roberto Isaías.
La audiencia que inició a las 15:30 y terminó pasadas las 21:00 del sábado 10 de marzo, fue solicitada por los abogados defensores para pedir la revisión de las medidas cautelares en este caso que lleva 12 años de proceso y que ocasionó millonarias pérdidas al Estado ecuatoriano, así como a miles de cuentahorristas de todo el país.
Los siete abogados que intervinieron en defensa de los acusados trataron de desvirtuar las graves denuncias que pesan contra sus clientes.
En especial centraron su argumentación en la supuesta “ausencia del delito” y la presunta culpabilidad del Estado en la quiebra de Filanbanco, entre otros bancos privados que entre 1999 y el 2000 cerraron sus puertas por insolvencia, desatando una grave crisis que hasta ahora no tiene responsables.
La audiencia se efectuó bajo el Código Penal de 1983, vigente a la fecha en la que se cometieron las irregularidades de las que se acusa a Leonardo Navas Banchón y Diógenes Gastón García, ex funcionarios del Filanbanco; Luis Jácome Hidalgo, ex presidente del Directorio del Banco Central; Jorge Egas Peña, ex superintendente de Bancos; Gloria Ávila Aguilar, Juan Franco Porras y en especial de los hermanos Roberto y William Isaías, administrativos y accionistas principales de esta institución financiera.
En la réplica, Galo Chiriboga, fiscal General del Estado hizo una cronología de los hechos que llevaron a la quiebra de este banco privado, así como de la responsabilidad directa de los procesados.
Destacó que Filanbanco, mucho antes de pasar a control público en diciembre de 1999, ya adolecía de graves problemas de iliquidez, pero sobre todo de insolvencia. Esto último, por la irresponsable administración de sus accionistas privados y, particularmente, por la gran cantidad de cartera vencida entregada a las empresas vinculadas al mismo grupo Isaías.
Este juicio lleva 12 años en estrados y desde el 2002 es la primera vez que un Fiscal General del Estado asiste en persona a las audiencias que ventilan el caso. Hasta esa fecha la quiebra de Filanbanco ocasionó la pérdida de más de 400 millones de dólares de las arcas fiscales.
Al término de la audiencia, que también contó con la participación de los abogados de la Procuraduría General del Estado y de la Superintendencia de Bancos, Galo Chiriboga, como máxima autoridad penal del Estado ecuatoriano pidió al juez Wilson Merino la sentencia definitiva de los acusados por el delito de peculado.
CRONOLOGIA CASO
Desde 1998 el nivel de liquidez se deterioraba paulatinamente, pues existió una reducción de fondos disponibles por 119.771 millones de sucres, entre junio y septiembre de 1998. Se evidenció un desfase financiero provocado por la diferencia entre activos productivos y pasivos con un costo de 1´360.881 millones de sucres. Los problemas de iliquidez habían tenido también como antecedente el destino de recursos a un activo del que no existían documentos de respaldo (Filanbanco Trust).
8 de diciembre de 1998: Según el informe de la firma Price Waterhouse Coopers, hubo disposición arbitraria de los fondos del banco en beneficio de sus accionistas principales, que eran los propios administradores del banco, pues los ahorros de los depositantes se entregaron en créditos otorgados a las empresas de los accionistas y su grupo financiero. En esos créditos y restructuraciones de créditos vinculados no se entregaron garantías y, en otros casos, las garantías fueron insuficientes. Las empresas no pagaron los créditos.
3 de diciembre de 1998.- A esta fecha la deuda atendía a 2.7 billones de sucres (440 millones de dólares al cambio desea fecha), según el informe de la supervisión bancaria realizada por dos expertos, Filanbanco no debió acceder a esos créditos porque su problema real era de solvencia y no de liquidez. La Ministra Fiscal de la época presentó excitativa, con fundamento en el informe del Superintendente de Bancos, con la cual se motivó el auto cabeza de proceso del
22 de junio del 2000. Establecía que Filanbanco s.a, dado a su precaria situación y según la ley de Régimen monetario, accedió a los mencionados créditos de liquidez otorgados por el Banco Central del Ecuador, entre septiembre y diciembre de 1998, por montos de 972 millones y 1.8 billones de sucres, mismos que fueron concedidos en virtud de convenios de cooperación de tesorería que las partes firmaron el 6 de diciembre de 1995. Filanbanco se comprometió en cumplir las regulaciones del Banco Central, vigentes a la época de los desembolsos. Sin embargo, mientras estaba vigente el pago del crédito, el banco incumplió las restricciones previstas porque otorgó nuevos créditos, incrementó el saldo de cartera en sucres y dólares.
18 de diciembre de 1998.- El índice económico “Camel” publicó que de los 23 bancos más grandes del país, Filanbanco era el penúltimo. El análisis de sus activos y liquidez lo ubicaron en el puesto 19; Poseía el 30% de los créditos más riesgosos del sistema financiero del país. El promedio de los créditos vinculados frente al patrimonio técnico de todo el sistema financiero ascendía a un 46.1% Frente a este escenario las autoridades bancarias sometieron a la institución a dos programas de estabilización y restructuración que no fueron cumplidos.