Comunicado
COMUNICADO OFICIAL FGE N°004-DC-2023
En relación a las actuaciones del juez (cesado hoy de sus funciones) del cantón La Concordia, Ángel Lindao, la Fiscalía General del Estado informa a la ciudadanía que –además de la concesión de la medida cautelar autónoma en favor de Wilson Vinicio Ruiz Torres, condenado a 24 años de privación de la libertad por el delito de sicariato, de la que se informó hace unos días– dicho juzgador también habría incirrido en acciones irregulares dentro del caso «Norero», abierto por un presunto delito de lavado de activos.
En dicha causa penal, el 15 de junio de 2022, el procesado Carlos P. presentó una acción de protección para reclamar la mansión en la que habitaba Leandro Norero y su excompañera sentimental (también procesada) Lina R., en la que el juez Ángel Lindao falló a favor del requirente, a pesar de existir una medida cautelar emitida por autoridad competente en la causa penal (prohibición temporal de enajenar bienes).
Además, dicha acción de protección llegó a conocimiento del juez Ángel Lindao por un sorteo irregular, debido a una falta de competencia territorial del juzgador.
Ante la denuncia planteada por la Fiscalía General del Estado y por el recurso de apelación interpuesto por la Procuraduría General del Estado y la Secretaria Técnica de Gestión Inmobiliaria (Inmobiliar), el 15 de agosto de 2022, la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Santo Domingo de Los Tsáchilas calificó de «negligencia manifiesta» la actuación del juez Lindao, conducta que devino en la apertura de un sumario disciplinario con fecha 9 de septiembre de 2022.
Pese a que esta conducta habría constituido en una causal suficiente para destitución de dicho funcionario –y además de existir declaratoria jurisdiccional previa–, el 23 de diciembre de 2022, el director provincial del Consejo de la Judicatura de Santo Domingo de Los Tsáchilas, Víctor Hugo Moya, resolvió declarar la caducidad del expediente disciplinario.
La Fiscalía General del Estado expresa su preocupación ante este tipo de acciones que ponen en tela de duda a la administración de justicia, en claro perjuicio de la sociedad ecuatoriana.
Quito, 24 de enero de 2023
FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO