41 casos de tráfico ilegal de migrantes terminaron con sentencia

Cuenca, 1 de mayo del 2014.- En Azuay y Cañar, 41 procesos de tráfico ilegal de migrantes recibieron sentencia condenatoria entre el 2012 y el 2013. En estas dos provincias, está el 64.42 % del total de los casos a escala nacional.

En marzo del 2013, Manuel Iñamagua Chima recibió sentencia condenatoria y cumple la pena de 12 años de reclusión, por participar en la migración ilegal de María Muñoz Albacora y Manuel Calle Pituizaca, desde la provincia de Cañar hacia Estados Unidos.

Ellos se ahogaron en el río Bravo (Tamaulipas-México), en su intento por llegar a territorio estadounidense, el 5 de noviembre del 2012.

Desde que ocurrió esta tragedia, sus padres Manuel Calle y Andrés Muñoz colaboraron con la investigación para que el ‘coyotero’ (así se le conoce al traficante de migrantes) reciba sentencia. “Me da tranquilidad que se haya hecho justicia… Como pasó con mi hija, puede pasar con otras personas, por eso yo acusé en la Fiscalía para que se pueda terminar con el coyoterismo”, manifestó Muñoz.

Durante el tiempo que duró el proceso, según Andrés Muñoz, el ‘coyotero’ pretendió negociar para que no lo acusen. “Me quiso dar 25.000 dólares, pero como padre le dije que ninguna persona tiene precio”. Por el viaje, su hija habría cancelado 7.000 dólares como anticipo.

“En estos casos no se debe negociar”, dijo Manuel Calle. Agregó que Iñamagua les ofreció dinero para que ante la Fiscalía niegue que él fue el ‘coyotero’. “Nos dijo que en vano seguimos el juicio porque vamos a perder, pero hoy podemos decir que no fue así”. 

Ahora, luego de que en abril del 2014, se ratificó la sentencia condenatoria en la Corte Nacional de Justicia, Calle y Muñoz demandarán una indemnización por daños y perjuicios, en contra de Iñamagua.

Falsa información y ‘acuerdos’

Según el fiscal de Cañar, Xavier Cárdenas, en muchos casos las personas no aportan con la información correcta, lo que frena el combate del tráfico ilegal de migrantes. “Los familiares de los perjudicados casi siempre saben la identidad de las personas que cometen este delito y dan otros datos”. Por ello, la Fiscalía debe realizar un trabajo de inteligencia para obtener las características físicas de los ‘coyotes’ y otros datos. En algunas ocasiones ocurre esto porque los familiares, supuestamente, llegan a ‘acuerdos’ con los traficantes de migrantes y reciben dinero. En otros casos hay amenazas.

El fiscal Cárdenas enfatizó en la importancia de que ciudadanos pierdan el temor de denunciar estos actos ilícitos y que aporten con pruebas para la investigación y no abandonen el proceso.

La Fiscalía cuenta con el Sistema de Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos, mediante el cual brinda el acompañamiento a los denunciantes y les garantiza seguridad.

La indemnización

Art. 52 del Código Penal.- Toda sentencia condenatoria lleva envuelta la obligación solidaria de pagar las costas procesales por parte de todos los responsables del delito. Los daños y perjuicios serán pagados asimismo en forma solidaria por todos los responsables contra quienes se haya ejercitado acusación particular con el objeto de alcanzar tal indemnización.

Las pruebas

Entre las pruebas que puede presentar la Fiscalía en el proceso están: el testimonio de los viajeros y de los que participaron en el ‘negocio’, el registro de migración y los documentos del envío del dinero a otros países.