3 personas sentenciadas y 3 llamadas a juicio por asociación ilícita y concusión en el MEF

BOLETÍN DE PRENSA FGE Nº 488-DC-2021

Quito (Pichincha), 28 de mayo de 2021.- Con base en una denuncia presentada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a través su extitular, Richard Martínez –con la que se puso en conocimiento de la Fiscalía General del Estado (FGE) que varias personas estarían aprovechando su condición de servidores públicos para beneficiarse económicamente–, se obtuvo tres sentencias mediante procedimiento abreviado. Además, otros dos implicados fueron llamados a juicio.

Las investigaciones determinaron que dos funcionarios públicos y cinco ciudadanos más habrían exigido cuotas a cambio de agilitar los procesos de pago de proveedores de instituciones públicas.

Fiscalía, a través de allanamientos e incautación de evidencias, identificó un concierto de voluntades para delinquir, entre funcionarios públicos que tenían acceso a información respecto a la lista programada para pagos en el MEF y personas externas a esta institución, que se encargaban de tomar contacto con los proveedores.

Con este modus operandi, se exigía el pago del 4% al 5% de comisión sobre el monto pendiente de pago en el MEF y de esa manera agilitar el trámite para el desembolso; incluso, amenazándolos con que no se haría su pago si no accedían a otórgales la comisión solicitada.

Luego de formular cargos por asociación ilícita y concusión, en concurso real de infracciones, y una concluida la instrucción fiscal, la jueza Yadira Proaño sentenció a los procesados Pilar P., Jenny L. y Álvaro L. (funcionario público) a una pena privativa de libertad de dos años. Los tres se sometieron a un procedimiento abreviado, es decir, aceptaron su responsabilidad en los hechos.

Además, deberán pagar una reparación material al Estado ecuatoriano, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, por el valor de 817.217 dólares.

Por otra parte, los procesados Walter M., Luis A. y Eduardo V. (funcionario público), fueron llamados a juicio.
Mientras que para Ángel P. se dictó auto de sobreseimiento. Por esa razón, Fiscalía y la acusación particular presentaron su apelación, fundamentada en los elementos con los que se cuenta respecto a la presunta participación del ciudadano en la organización por las versiones de los proveedores que lo identifican.

Conforme los elementos obtenidos en la investigación, el valor recaudado por la presunta asociación delictiva es de 3’360.348,19 dólares.

 

 

 

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