La trata de personas es la transformación del ser humano en mercancía para su oferta y demanda en el mercado negro. La víctima está sometida a la autoridad de otro sujeto con fines de explotación laboral y sexual, para la venta de sus órganos y otros objetivos igual de perversos.  

Las víctimas son captadas por los tratantes bajo secuestro, engaños, enamoramiento y las trasladan por medio de la amenaza, violencia u otros mecanismos coercitivos.

El Código Orgánico Integral Penal (COIP), vigente en Ecuador desde el 10 de agosto de 2014, tipifica la trata de personas en los artículos 91 y 92, dentro del capítulo de graves violaciones a los derechos humanos.

El Código también incluye los delitos ligados a la trata que son rapto; fraude; engaño; explotación laboral; sexual; trabajo forzado; esclavitud; tráfico de órganos; matrimonio servil; mendicidad; y, adopciones ilegales.

Este delito transnacional afecta a 124 países, según el informe del 2014 de la  Organización de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNDOC).

En el ámbito mundial, genera 99.0000 millones de dólares anuales, es decir, las dos terceras partes de los 150.000 millones de dólares que registran las ganancias del trabajo forzoso. Así concluye el informe Ganancias y Pobrezas: Aspectos Económicos del Trabajo Forzoso, publicado el 20 de mayo del 2014 por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

En Ecuador, por el trabajo de investigación de la Fiscalía, se desmanteló redes de traficantes transnacionales cuya actividad delictiva afectó a Ecuador y América Latina.  

Caso ‘Emperador’

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Tres personas fueron sentenciadas a ocho años de reclusión mayor y uno a cuatro años. El Tribunal de Garantías Penales de Imbabura los consideró autores de trata de personas con fines de explotación sexual.

Las investigaciones realizadas por la Fiscalía determinaron que, los ahora sentenciados, captaban a las víctimas con supuestas ofertas laborales en ciudades colombianas y las trasladaba vía terrestre a Ibarra y otras urbes ecuatorianas.

Los sentenciados no justificaron el origen de su patrimonio, de alrededor de un millón de dólares, en bienes muebles e inmuebles ubicados en diferentes partes del país. 

Caso Medusa

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12 personas fueron sentenciadas: 11 en grado de autores y uno como cómplice. Cumplen condenas de 10 años y 5 años de prisión, respectivamente por trata de personas con fines de explotación sexual. 

Durante el juicio, los testimonios anticipados de dos víctimas relataron que fueron sometidas a explotación sexual, engañadas con una oferta laboral. En este caso, la Fiscalía rescató a 73 víctimas.

Entre las pruebas presentadas por la Fiscalía ante el Tribunal Penal, estuvieron documentos emitidos por la Embajada Americana que evidenciaron el movimiento migratorio de varios acusados y las rutas usadas fueron Ecuador-Colombia-Panamá-Guatemala-México-EE.UU.

El modo de operar de los tratantes era endeudar a sus víctimas con 3.000 dólares. Este monto cubría el trámite de elaboración de cartas de invitación y pasajes aéreos que eran costeados por los infractores. Al llegar a Ecuador, la deuda ascendía a 8.000 dólares, por lo que eran obligadas a cancelar ese valor mediante servicios sexuales.

Caso Libertad

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El caso ‘Libertad’ es considerado por la Fiscalía ecuatoriana como la mayor red de captación de personas para explotación sexual de la región Andina. El agravante es que son mujeres adolescentes.

Uno de los cabecillas fue detenido en Colombia. Lideraba la organización dedicada a la captación de ecuatorianas de entre 15 y 17 años para trasladarlas a Colombia y Perú y utilizarlas para explotación sexual.

Según las investigaciones de la Fiscalía, este grupo tenía sus captadores al menos en tres provincias de Ecuador y se llevaban a las adolescentes mediante amenazas y seducción. Luego las trasladaban al exterior con documentos de identidad falsos, para hacerlas pasar por mayores de edad.