22 años de prisión por el delito de asesinato

BOLETÍN DE PRENSA FGE Nº 790-DC-2023

22 años de prisión por el delito de asesinato


Lago Agrio (Sucumbíos), 16 de agosto de 2023.- Con base en las pruebas presentadas por Fiscalía, un Tribunal de Garantías Penales de Sucumbíos sentenció a veintidós años de pena privativa de libertad a Arley Olivero S. O. por el asesinato de José Luis G.

Durante las fiestas de carnaval de 2019, en el cantón Putumayo, comunidad de Palma Roja, el ciudadano José Luis G. le pidió a Jefferson Rolando C. S y Arley Olivero S. O., que los diez dólares que le debían, producto de un flete no cancelado, compraran bebidas para las celebraciones de esa fecha. Ellos –conocidos de la localidad donde la víctima residía– entablaron una discusión que escaló a una riña.


Meses más tarde, en septiembre de 2019, estos mismos ciudadanos que eran tío y sobrino –respectivamente– departían en un local de billares al que llegó José Luis G. (+), retomaron las discusiones alrededor de los 10 dólares que adeudaban a la víctima. La dueña del local, al percatarse de esta situación, apagó la música y les pidió a los tres ciudadanos que abandonen el sitio, pero fue amenazada con un cuchillo para que no se inmiscuya y fue sacada del lugar.

Mientras eso ocurría, escuchó los quejidos de la víctima quien fue atacada con alrededor de treinta puñaladas. Los agresores huyeron del sitio en medio de amenazas a la propietaria del billar y su ayudante.


Fiscalía formuló cargos por el delito de asesinato contra Jefferson Rolando C. S y Arley Olivero S. O., quienes permanecieron prófugos hasta que este último fue detenido en abril de 2023.

Durante la audiencia de juicio, el agente fiscal del caso presentó varias pruebas entre las que constan los testimonios de la esposa del fallecido, de la administradora del local y su ayudante, de la conviviente del sentenciado, de la médico legal que realizó la autopsia y del perito que realizó el informe de reconocimiento del lugar de los hechos.

Al finalizar la audiencia, el Tribunal impuso la pena de veintidós años de prisión y el pago de 30.000 dólares por concepto de reparación integral a favor de la familia de la víctima.

 

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