noviembre 20, 2014
10 minutos bastaron al juez para liberar a 17 procesados por matanza de familias aisladas
Orellana, 20 de noviembre del 2014.- Luego de apenas 10 minutos de análisis, el juez Segundo de Garantías Penales, Álvaro Guerrero, decidió el sobreseimiento provisional de 17 procesados en el caso por el ataque a familias en aislamiento voluntario del Parque Nacional Yasuní. El hecho ocurrió el 30 de marzo del 2013.
La Fiscalía apelará está decisión del juez luego de que se conozca por escrito la resolución.
Durante la audiencia preparatoria de juicio y sustentación de dictamen, el juez argumentó que “no hay materialidad de la infracción. Por tanto no hay justificación del homicidio”. Para el juez, no existe la prueba material del delito, es decir no hay los cuerpos de las víctimas del ataque.
Sin embargo, el fiscal del caso, Andrés Cuasapaz, asegura que sí hubo muertos. Esto se demuestra en las fotografías captadas por los propios atacantes, donde aparecen cuerpos de las víctimas. También están las versiones de los procesados, que ratificaron la existencia de personas fallecidas en el ataque.
Estas evidencias fueron periciadas por Criminalística de la Policía Judicial, en las que se estableció que las imágenes corresponden a cuerpos humanos.
Además, se evidenció el uso de armas de fuego. Aquello consta en el informe de reconocimiento del lugar de los hechos. Allí se recogieron evidencias como perdigones y objetos con huellas de impacto.
Cuasapaz señaló que esta teoría se refuerza aún más con la presencia de las dos niñas raptadas durante el ataque y que ahora viven junto con familia de los atacantes en el Yasuní.
Durante la audiencia, la Fiscalía presentó 103 elementos de convicción, que demuestran la materialidad del delito. Con todo esto se buscó demostrar responsabilidad de 17 procesados por el ataque a familias en aislamiento voluntario del Parque Nacional Yasuní, en la provincia de Orellana.
El fiscal Cuasapaz aseguró que en este sitio se recolectaron evidencias como cartuchos de escopeta, ollas con huellas de impactos de perdigones, entre otras.
Durante la audiencia, el Fiscal también reiteró el pedido de medidas de protección para las dos niñas que fueron raptadas durante el ataque del 30 de marzo del 2013.
Sobre el pedido de estas medidas, Cuasapaz aseguró que una de las niñas reclama la presencia de su hermana.
A la audiencia no asistieron ninguno de los 17 procesados, sino únicamente sus abogados: uno particular y otro de la Defensoría Pública.
Datos:
La Fiscalía pidió la modificación del tipo de delito de genocidio a homicidio. Lo hizo en cumplimiento con lo dispuesto por la Corte Constitucional, en su resolución del 6 de agosto del 2014.
Una de las principales recomendaciones fue que el proceso tenga un miramiento especial, sobre todo en observancia a parámetros de interculturalidad.
Esto porque los presuntos agresores pertenecerían a una de las comunidades indígenas de la provincia de Orellana.